Según nota técnica elaborada por la Contraloría General de la Federación (CGU) que participa en el operativo junto con el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) del Ministerio Público Federal-, empresa que no estaba en el campo de la medicina suministros hasta una fecha cercana al inicio de la pandemia, firmó contratos con varios ayuntamientos de Paraíba para el suministro de pruebas rápidas para detectar covid-19 con un sobreprecio en el monto adeudado de hasta el 89% del precio contratado, ocasionando pérdidas a tesorería de aproximadamente R $ 2,8 millones. Los recursos para comprar estas pruebas provienen del Sistema Único de Salud-SUS, para hacer frente al covid-19.
“La empresa investigada aparece como uno de los mayores acreedores de los municipios de Paraíba en 2021 como proveedora de insumos médicos, aunque desarrolló su actividad principal en un campo completamente diferente a éste hasta el inicio de la pandemia”, agrega el documento.
También según la investigación, los productos fueron adquiridos mediante procedimientos de renuncia a licitación, en teoría, fraudulentos. En la acción se cumplieron 28 órdenes de allanamiento e incautación en la capital, João Pessoa, y en los municipios investigados. Con dictámenes favorables de la Fiscalía General de la Nación, fueron emitidos por el 16º Juzgado Federal de João Pessoa, 12º Juzgado Federal de Guarabira (PB) y 8º Juzgado Federal de Patos
