El presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022.

La nación de El Salvador cumple dos años bajo un estado de excepción, el cual ha  sido caracterizado por una disminución histórica  de los niveles  de  violencia y criminalidad .Sin embargo este régimen ha sido cuestionado por  varias organizaciones  defensoras de los Derechos Humanos .

Bukele, que cuenta con el respaldo de una mayoría parlamentaria ha utilizado eso a su favor, para lograr que varias medidas excepcionales que solicitó  hayan sido aprobadas  .A principios de este mes, la Asamblea Legislativa  dio la aprobación a  la vigesimocuarta extensión de las medidas excepcionales, asegurando así la continuidad del régimen hasta mediados de abril, sin darle un fin cercano a esta situación.

En días de esta semana Bukele destacó la implementación de un cerco en cuatro áreas con la presencia de 5.000 policías y 1.000 soldados, en respuesta a dos homicidios en la zona norte del país. “No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, expresó un altavoz salvadoreño en redes sociales haciendo alusión a que hoy en día El Salvador, es la nación más segura de América Latina.

En enero de este año , el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió que aún quedan aproximadamente entre 18.000 y 20.000 pandilleros (delincuentes) por capturar, a pesar de que el número de arrestos ya ha superado los 75.000. El Gobierno reconoce la posibilidad de que exista  cierto margen de error en estas detenciones hechas  en masa, estimando que podría ser de alrededor de 6.000 a 7.000, según lo expresado por el vicepresidente Félix Ulloa.

Aunque los índices de violencia, delincuencia y criminalidad,  han disminuido de forma histórica , la ONU ha señalado que se han cometido abusos por parte de figuras políticas  y por  las fuerzas de seguridad de El Salvador. El año pasado, la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la detención de 1.600 menores de edad bajo el régimen de excepción.

Hasta el mes de febrero, el movimiento global de  Amnistía Internacional, que se encarga de velar por la defensa de los Derechos Humanos,  ha documentado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78.000 detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia en El Salvador. Esto ha contribuido a que aproximadamente 102.000 personas estén encarceladas, cifra que supera la capacidad de las cárceles en un 148 por ciento. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, que incluyen la construcción de una megaprisión para mitigar el hacinamiento (capacidad máxima de personas en las prisiones) , la situación carcelaria sigue siendo preocupante.

Los mensajes de la organizaciones defensoras de los derechos humanos han reaccionado ante la relección de Bukele.

Desde la reelección de Bukele  el 4 de febrero, han  habido repetidos llamados atención sobre el régimen de excepción que está instalado en el Salvador desde el 2022 . El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha exhortado al presidente de El Salvador a “respetar el Estado de derecho, garantizar la separación de poderes y promover un sistema de control y equilibrios”en su próximo mandato, que comenzará en junio.

Siguiendo esta misma perspectiva, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha expresado en un comunicado su preocupación por la ausencia de un control interno “respuesta tímida”, por parte de la comunidad internacional frente a posibles abusos. “la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos, como el de la violencia y la criminalidad, de manera aparentemente sencilla“, expresó.