Todo tiene precio en la cárcel; pero es inédito que también lo realicen fuera de ella incluso los trámites que por ley son gratuitos. Eso lo conocen de cerca los abogados y fundaciones que defienden a las personas privadas de libertad.
Los familiares de los detenidos también lo saben y dicen que los cobros llegan hasta los USD 3 000 para acceder a gestiones como el traslado de cárceles, salidas médicas, reducción de regímenes, prelibertades y procesos semiabiertos.
Lucía es una de ellas. Es esposa de un interno de la cárcel de Latacunga. Llevan más de seis meses intentando acceder al beneficio de prelibertad. Es decir, salir de prisión y cumplir el resto de su condena en su casa. Para acceder
a esta condición, el detenido debe haber cumplido mínimo el 40% de su pena imputada.
Ese requisito ya lo cumplió el esposo de Lucía. Pero lo que le impide salir es el resto de trámites que siguen en su carpeta dentro del centro penitenciario.
Para que un expediente salga a las oficinas del Servicio de Rehabilitación (SNAI), en Quito, y luego a los juzgados, debe pasar por al menos tres filtros. Entre esos están el departamento jurídico, los ejes de tratamiento y el informe de diagnóstico.
Entre esas fases, las carpetas se estancan y las coimas y extorsiones empiezan aparecer. Así lo relata Lucía. La mujer lleva pagados más de USD 400 para que la carpeta de su esposo tenga todas las calificaciones necesarias.
“Para que la carpeta vaya de un lugar a otro hay que pagar entre USD 100 y 300. Llevo más de tres depósitos a distintas cuentas. Uno tiene que mandarles las capturas para que la carpeta salga; si no, ahí se queda toda la vida”, cuenta.
Ella no es la única que ha realizado estos pagos para apresurar los trámites, que deberían ser gratis. Manuel y Jefferson también han cancelado más de USD 700 para que la carpeta de uno de sus hermanos pueda llegar a Quito.
“En un filtro nos piden USD 100 solo para que un funcionario firme. En otro nos piden USD 300 para que le pongan una calificación por rehabilitación. En otro nos piden USD 400 para que se firme el diagnóstico. Y no hay cómo reclamar, porque los que se encargan de cobrar son los miembros de las bandas que manejan los pabellones”, dicen.
Papeleo puede tardar un año
Marco Jurado es el director de la Fundación de Derechos Humanos (Inccadi). Él trabaja desde hace cinco años con detenidos. En ese tiempo dice que ha visto cómo decenas de personas acceden a pagar las extorsiones.
“Un trámite que debería durar máximo cuatro meses, hoy en día dura hasta un año. Yo tengo expedientes represados desde hace 15 meses. La corrupción no se detiene”, señala.
De estos hechos también conoce la Fiscalía. A esa entidad ya han llegado denuncias por estas redes de extorsión, que estarían integradas por detenidos y funcionarios. De hecho, ya hay una investigación en marcha por asociación ilícita. Pero los detalles de esa indagación aún son reservados.
En esas denuncias se indica que el negocio ilícito lo operan detenidos y funcionarios administrativos. Las mafias los amenazan o los hacen sus cómplices, para que los trámites avancen según se reciban los pagos ilegales. Los reportes judiciales desvelan que también hay cobros por bajar a un detenido de régimen máximo a mediano y de mediano a mínimo.
Según la legislatura actual, cada persona debe permanecer en un régimen al menos dos años para bajar a otra clasificación. En la práctica esto no ocurre. Con pagos que oscilan entre USD 300 y USD 800, esos trámites se pueden evadir fácilmente.
Y de eso conoce Juan, el padre de un joven que está en la Penitenciaría de Guayaquil. Allí también hay quejas de que los cabecillas de bandas determinan los precios para pasar de un pabellón a otro.
“Yo tuve que pagar USD 1 000 para que le permitieran tener un sitio en mínima”, dice. Los familiares dicen que los precios varían.
Todo depende del estatus que la persona tenga
¿Cómo saben las posibilidades económicas de cada uno? Los agentes que trabajan en las cárceles dicen que eso es fácil. Todo depende del delito por el que se encuentre sentenciado.
“Los que están por temas de drogas tienen dinero, al igual que los políticos acusados de corrupción. A ellos cualquier cosa que necesiten siempre les van a cobrar la tarifa más alta”, señala un guía que ha laborado en las tres cárceles más grandes del país: Latacunga, Penitenciaría de Guayaquil y Turi, en Azuay.
Los actos más violentos en cárceles
23 de febrero de 2021. Una de las primeras matanzas se registró en las cárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay. En esa ocasión hubo 79 fallecidos. Se sospecha que participaron integrantes de tres organizaciones criminales.
29 de septiembre de 2021. 118 detenidos fueron asesinados en la Penitenciaría de Guayaquil. Las autoridades atribuyeron el amotinamiento a dos bandas enemigas. Entre las víctimas estaban personas de penas bajas y medianas.
13 noviembre de 2021. Al menos 58 presos murieron y una docena resultaron heridos durante una reyerta entre internos de la Penitenciaría de Guayaquil. La violencia estalló en el pabellón dos del centro por una disputa de poderes.
3 de abril de 2022. Las alarmas se encendieron en la cárcel de Turi, en Azuay. Las autoridades reportaron al menos 20 muertos. Los principales sospechosos son de una red delictiva que opera en Guayas, Manabí y Esmeraldas.
9 de mayo de 2022. Un amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo dejó al menos 44 presos fallecidos y 10 heridos. Según las investigaciones, los altercados fueron entre miembros de una misma banda, por el control del lugar.
