El estado de Kansas interpone una demanda contra Pfizer por violar la Ley de Protección al Consumidor con su vacuna contra el covid-19.
En diciembre de 2020, Pfizer unió fuerzas con la empresa alemana de biotecnología, BioNTech, para lanzar una de las primeras vacunas contra el covid-19. El medicamento fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso de emergencia. Ahora, a casi cuatro años del suministro de las primeras dosis, el estado de Kansas interpone una demanda contra la farmacéutica.
De acuerdo con la denuncia, presentada por el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, Pfizer violó la Ley de Protección al Consumidor al ocultar información sobre su vacuna del covid-19, tergiversando la seguridad y eficacia de la misma para hacerse con ganancias de miles de millones de dólares en ingresos vinculados con las ventas del medicamento.
En específico, Kobach señala a Pfizer por no haber sido transparente al ocultar las consecuencias adversas de su vacuna, además de no revelar su baja efectividad y evitar abordar la incertidumbre sobre “la capacidad de la vacuna de prevenir la transmisión de la patología provocada por el virus SARS-CoV-2″.Asimismo, se acusa a la empresa de encubrir información de seguridad sobre los riesgos de la vacuna para mujeres embarazadas, así como las teorías que la vinculan con miocarditis, pericarditis y otros accidentes cerebrovasculares.
A lo largo de más de 179 páginas, la demanda también señala a la empresa de hacer uso de campañas y asociaciones para ocultar el debate público sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. Según cifras de Statista, hasta abril de 2023, un total de 367 millones de estadounidenses habían sido vacunados contra el covid-19 con Pfizer.
Según informa Fierce Pharma, el estado de Kansas intentó acercarse a Pfizer, a través de un “aviso de violaciones de sentencia de consentimiento”, para obtener registros y demás información confidencial de la vacuna antes de interponer la demanda. No obstante, la empresa con sede en Nueva York se negó a entregar y compartir dicha información, por lo que el fiscal siguió adelante con la denuncia.
