Javier Milei enfrenta las primeras marchas en contra de sus medidas económicas y protocolo “antipiquetes”.
Al menos 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones, esperan marchar desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Aunque la marcha también incluyen reclamos contra las disposiciones presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras.
“El plan de ajuste brutal contra los trabajadores, claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida. A los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo”, expresó el dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni.
En este sentido, Belliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó “amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas”.
“No solo vamos a tomar las medidas necesarias para que se garantice esa movilización democrática y pacífica. Sino que vamos a generar acciones legales contra la ministra por las amenazas que ha vertido contra los trabajadores por el derecho a manifestarse”, adelantó.
De acuerdo al protocolo presentado por el Ejecutivo, las protestas solo podrán llevarse a cabo sobre las veredas y las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego. Algo que desató la ira de los partidos y movimientos sociales de izquierda, que tacharon la medida como una “provocación”.
“Tenemos un derecho constitucional y supranacional, que está aceptado por diversos organismos e instituciones de derechos humanos, como la Corte Interamericana. Son derechos universales y reconocidos desde el siglo pasado, no es algo que estamos inventando ahora”, afirmó a Liliana Alaniz, abogada especializada en crímenes de lesa humanidad e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
El nuevo protocolo ‘antipiquetes’ fue presentado bajo un delicado escenario social y económico, ante el que el Poder Ejecutivo lanzó duras medidas de ajuste en un contexto inflacionario del 160,9% interanual y con una pobreza del 45%.
“El 20 de diciembre es un día simbólico para la Argentina. Fue una gran rebelión popular que tiró abajo un Gobierno muy ajustador contra el pueblo. Esta marcha que se viene tiene un valor muy fuerte porque Milei acaba de anunciar un ajuste de los más grandes en la historia del país”, dijo el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano.
El próximo miércoles se cumplirán 22 años de las violentas protestas de 2001, en medio de una explosiva crisis económica, que terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
Solano remarcó que el derecho a la protesta es troncal en la ciudadanía argentina, ya que permite “defender otros derechos”.
“El anuncio de la ministra viola la Constitución Nacional. La única forma que el Gobierno tiene la posibilidad de algo así es mandar al Congreso una ley de Estado de Sitio, pero eso no ocurrió. Lo que está haciendo Bullrich es un acto de intimidación pública”, explicó el diputado.
Entre las medidas, el Gobierno sancionará a quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes. Hará un registro de las organizaciones implicadas. Se prohíbe protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas y se notificará a Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.
“Esta historia de los protocolos no es nueva. Ya en el 2016 lo intentaron aplicar y se los tuvieron que guardar porque no los pudieron poner en marcha porque es tan alto el grado de movilización que es imposible de aplicar”, recordó la secretaria general del sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, Iliana Schelotto.
Para garantizar la protesta, las organizaciones buscarán tener una declaración de carácter judicial que impida a las fuerzas policiales actuar sobre la llegada de manifestantes.
Además, esperan conseguir apoyo de la Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores de la Argentina, principales fuerzas sindicales del territorio.
