El proceso de consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocado y defendido por él mismo, entró ayer, 27 de marzo de 2022, en su recta final en México. Esto, en medio de enormes polémicas y críticas a la autoridad electoral por su limitada promoción del ejercicio, que es impulsado con entusiasmo por el partido oficialista, Morena.
La revocación de mandato del próximo 10 de abril de 2022, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas de López Obrador como un ejercicio de democracia popular, pero duramente criticada por la oposición por utilizarla como un intento de «ratificación».
Tanto la oposición como los especialistas mexicanos consideran que el mandatario propuso esa medida para estar en campaña permanente y así seguir movilizando a sus bases.
Encrucijada
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en la encrucijada de tener que organizar una consulta inédita con un presupuesto recortado precisamente por Morena, con un plan de austeridad propuesto por López Obrador y con la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgar más recursos.
«Existen una serie de condiciones que hacen que en vez de ser un ejercicio ciudadano en realidad se vuelva un ejercicio completamente del Estado por el desvío de recursos tanto del Gobierno federal como del propio partido (de López Obrador)», dijo el politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Víctor Manuel Alarcón.
«La ley no ha tenido un adecuado desempeño en materia de fiscalización de los recursos (…) además del uso de recursos por personas que se dicen activistas», añadió.
