La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada mayoritariamente por el presidente Nayib Bukele
Ha consumado una controvertida reforma de la Ley de Carrera Judicial
Está reforma jubila de manera automática a un tercio de los 690 jueces del país y a decenas de fiscales.
El principal argumento del presidente del Parlamento, Ernesto Castro, fue el de “no más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder”.
La disposición afecta a jueces que tienen más de 60 años de edad o que hayan cumplido 30 años de servicio. Entre los destituidos está Jorge Guzmán, el juez a cargo del caso El Mozote, una masacre en la que, al menos, 1.000 civiles fueron asesinados en 1980.
En noviembre de 2020, Guzmán pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales en varias unidades militares.
De esta forma, incurriendo en supuestos “incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento”.
Tras la aprobación por parte del Parlamento, los magistrados de Cámara, jueces de primera Instancia y jueces de paz
rechazaron la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y los debates previos a su aprobación
“por ser ofensivos e indignos de la investidura judicial”.
La Cámara alega que el Parlamento no tiene la facultad de reformar la Ley de Carrera Judicial
Por tanto lo obrado por los legisladores de la bancada oficialista de Nuevas Ideas (con la complicidad de los partidos Gana, PDC y PCN).
“Con estas reformas se vulnera la independencia judicial en el país, y se violan derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica”, plantearon en un comunicado.
