En los últimos días, el Municipio de Guayaquil, en cumplimiento de una medida del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, clausuró ocho planteles (seis fiscales y dos particulares). Aquella acción municipal se implementó por la prohibición de clases presenciales en la ciudad ante el aumento de contagios de COVID-19 en la urbe.

El impase entre el Ministerio de Educación y el Municipio de Guayaquil por el retorno a la presencialidad en planteles educativos pasará al ámbito legal.

Esa regulación local se contrapone a la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que dio el aval para el retorno progresivo y voluntario a los planteles educativos desde esta semana para aquellos que cuenten con el Plan Institucional Continuidad Educativa (PICE) autorizado por el Ministerio de Educación.

Por su parte la Alcaldesa respondió en su cuenta de twitter Sra. Ministra @mariabrownp ¿Cómo puede garantizar el Estado la salud y la educación de los niños con escuelas que ni siquiera tienen baterías sanitarias adecuadas para que los niños se laven las manos.

En rueda de prensa, esta tarde, Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación, aseveró que hay una vulneración de derechos al pleno acceso al derecho a la educación, por lo que se interponen las acciones de garantías jurisdiccionales correspondientes.

“Esto a fin de requerir que sean las autoridades judiciales, dentro del marco legal vigente en nuestro país, quienes dejen sin efecto dichas decisiones ilegítimas y que adolecen de vicios tanto en su concepción como en su ejecución por parte de la Municipalidad de Guayaquil”, comentó.

A su vez, María Brown, ministra de Educación, ratificó que la Constitución establece que el Gobierno nacional tiene la competencia del acceso a la salud y la educación. Además, que se han emitido acuerdos ministeriales para regular la presencialidad, semipresencialidad y educación a distancia, incluyendo los planes de retorno progresivo y voluntario de estudiantes y docentes a instituciones educativas para precautelar con protocolos los posibles contagios de COVID-19.

Brown presentó varios de los aspectos positivos que acarrea el retorno a las actividades presenciales y las dificultades que mantienen alumnos y docentes con la educación virtual. Indicó, por ejemplo, que ocho de cada diez docentes tienen una computadora personal y seis de ellos cuentan con acceso a internet.

 “No permitirles ir a la institución educativa es encerrar a la víctima equivocada, los niños deben estudiar, no puede ser que como sociedad hayamos normalizado que la educación se haya interrumpido y sucumbamos ante el miedo…”, dijo.

Brown dijo que en Guayaquil hay 737 planteles privados y fiscales con el PICE aprobado.

En marzo próximo se prevé la culminación del año lectivo 2021-2022. Actualmente, en otros cantones, incluyendo vecinos como Durán y Samborondón, el Ministerio de Educación mantiene el programa de retorno progresivo y voluntario de alumnos a las aulas de clase.