La Fiscalía presentó cargos contra 13 personas, acusándolos de presuntamente participar como colaboradores en la red de delincuencia organizada relacionada con el caso Metástasis.

El juez Fabián Córdova, instaló hoy viernes  15 de marzo de 2024,  la audiencia de formulación de cargos contra 13 procesados  acusados presuntamente de  colaborar con una organización delictiva en relación al  caso Metástasis. Entre los implicados se encuentran el exasambleísta Ronny Aleaga, la comisionada Claudia Garzón y la fiscal de Guayas, Yanina Villagomez.

En este caso, la Fiscalía General del Estado está actualmente procesando a 39 individuos por su presunta participación en actividades delictivas organizadas. La investigación se basa en los mensajes hallados en los teléfonos celulares del narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero.

El juez Córdova anunció el comienzo de la instrucción fiscal contra los 13 acusados en su calidad de colaboradores dentro de la presunta organización delictiva del caso Metástasis. De esta manera, el magistrado permitió que las defensas de los procesados abordaran las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General.

La Fiscalía pidió la orden de prisión preventiva para los procesados.

Alrededor de las 11:10, la fiscal Salazar comenzó a solicitar la detención preventiva para los 13 acusados pertenecientes al presunto grupo delictivo organizado, argumentando que están implicados en una variedad de delitos, desde aquellos que ponen en peligro vidas hasta los que afectan al sistema financiero nacional.

Según la Fiscalía, este grupo ha cometido delitos que incluyen soborno, tráfico de influencias, fraude procesal, abuso de autoridad, homicidio por encargo, tráfico de estupefacientes, introducción de objetos prohibidos, entre otros.

La fiscal Diana Salazar afirmó  que los procesados , involucrados en el caso Metástasis, tenían la responsabilidad de garantizar seguridad, libertad e impunidad para los integrantes de la organización.

La fiscal Diana Salazar, formuló acusaciones  contra el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, argumentando que “desde su posición habría actuado para silenciar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio”, quien fue asesinado en agosto de 2023.

Ronny Aleaga, compareció vía telemática.

El abogado de Ronny Aleaga, quien anteriormente fue asambleísta afiliado al movimiento político correísta , aseguró que su cliente participó en la audiencia de manera remota y solicitó la oportunidad de expresarse verbalmente.

De acuerdo con  lo dicho por el abogado, la Fiscalía no detalló la colaboración específica de Aleaga ni explicó por qué se le llamaría “el Ruso”. Además, criticó que no se mencionara qué información habría manejado en favor de Leandro Norero durante su mandato como legislador.

Flores expresó que los motivos expuestos no son suficientes ni  justifican la solicitud de prisión preventiva que ha pedido la Fiscalía  y presentó documentos que respaldan su argumento, como un certificado que demuestra la falta de antecedentes penales de Aleaga y el certificado de nacimiento del hijo del acusado. Asimismo, solicitó que no se acceda a la petición realizada por la Fiscalía.

Posteriormente, Ronny Aleaga intervino de forma telemática, declarando que está dispuesto a enfrentar la situación y no se está escondiendo. Además, expresó su deseo de continuar colaborando con información relevante para el caso. El exlegislador hizo un llamado al juez para que le permita seguir participando en el proceso judicial de manera segura.

Por lo tanto, afirmó que otras opciones aparte de la detención preventiva son inadecuadas para asegurar la comparecencia de los acusados en el juicio, especialmente considerando que varios de ellos están prófugos, como es el caso de Ronny Aleaga. La última información sobre el exasambleísta es que salió del país el 26 de diciembre y su ubicación actual es desconocida.

Posterior a esto el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, mediante una publicación en su cuenta personal de la red social “X”(antes twitter) que considera que la acusación formulada en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE), en relación con el presunto intento de “silenciar” al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, es “vil y miserable”.