En la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado pidió modificar las medidas cautelares de cinco personas investigadas por presunto cohecho en el caso Sinohydro.
La Fiscalía decidió no solicitar la prisión preventiva para el ex presidente Lenín Moreno, quien está siendo investigado por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Esto se debe a que ha cumplido con las presentaciones periódicas en la Embajada de Ecuador en Paraguay. Esta determinación se tomó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que tuvo lugar el miércoles 20 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el norte de Quito.
En la audiencia se exhibió un documento oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que confirma que Moreno está cumpliendo con las medidas cautelares, incluida la presentación periódica en la embajada de Ecuador en Paraguay, donde actualmente reside el ex presidente.
En esta misma audiencia, la Fiscalía pidió prisión preventiva para María Auxiliadora P., Xavier M. y tres individuos de nacionalidad china, por no cumplir con las medidas cautelares. Además se solicitó que se expida una difusión roja, a los cuatro mencionados para su captura.
En junio del año pasado, un juez dispuso que el ex presidente se presente mensualmente en la embajada de Ecuador en Paraguay, en lugar de ser detenido preventivamente como había solicitado la Fiscalía.
Además, se determinó que deberá presentarse ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito cada cuatro meses. Sin embargo, Moreno expresó que no podía viajar de Paraguay a Ecuador debido a sus dificultades de salud y discapacidad.
¿De qué se trata el caso Sinohydro?
El caso Sinohydro implica al ex presidente Lenín Moreno y a varios miembros de su familia en un supuesto acto de corrupción. Según la Fiscalía, se descubrieron irregularidades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. La institución señaló que la empresa que recibió el contrato habría pagado aproximadamente 76 millones de dólares para obtener la concesión del proyecto.
La investigación de la Fiscalía apunta a que los pagos ilegales de esta compañía se realizaron mediante transferencias, cheques y sobornos. Se está investigando un posible delito de cohecho. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito ocurre cuando los funcionarios públicos reciben o aceptan un beneficio económico indebido para realizar, omitir, agilizar, retrasar o condicionar asuntos relacionados con sus funciones. El delito conlleva una pena de prisión de uno a tres años.
