También se confirmaron responsabilidades civiles y administrativas por un total de $38 millones.
El Contralor Mauricio Torres presentó ante la Asamblea Nacional el informe de labores del año 2023 tras cumplir 100 días en el cargo. Se aprobaron 426 informes generales de auditoría y se remitieron 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado, con un posible perjuicio al Estado de $46.6 millones.
Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales están relacionados con contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, mantenimiento de estructuras de captación de quebradas en la capital y contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.
Durante el examen especial al proceso de liquidación de TAME y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, SENESCYT, CES, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros organismos, se observaron posibles actos dolosos. Además, se aprobaron informes con indicios de responsabilidad penal en empresas estratégicas como CELEC, CNEL, Petroecuador y CNT.
El Contralor destacó tres aspectos clave de la gestión del control público: auditorías a declaraciones patrimoniales, acciones de control en gobiernos autónomos y exámenes al sector eléctrico. En 2023 se aprobaron 46 informes generales y 14 con indicios de responsabilidad penal sobre el patrimonio de servidores públicos, incluyendo altos mandos de Fuerzas Armadas, policía, jueces, funcionarios judiciales, personal del Servicio de Rentas Internas y empresas públicas.
