El 23 de febrero de 2024, un gran jurado de Brooklyn decidió acusar a Javier Aguilar, exdirector de Vitol, una de las mayores empresas que comercializan productos y derivados del petróleo. Aguilar fue declarado culpable de sobornar a funcionarios ecuatorianos y mexicanos.

Aguilar fue uno de los representantes de Vitol que participó en la negociación de un contrato de preventa de fuel oil con Petroecuador por USD 300 millones. Dado que Vitol no podía participar, Oman Trading International sirvió como fachada para el contrato.

“Javier Aguilar sobornó funcionarios de empresas estatales en Ecuador y México, usando empresas de papel y facturas falsas para obtener negocios para Vitol, donde trabajaba como ejecutivo”, señaló Nicole M. Argentieri, abogada de la División Criminal del Departamento de Justicia.

El juicio de Aguilar contó con el testimonio de dos ecuatorianos: Nilsen Arias, exjefe de comercio internacional de PetroEcuador, y Antonio Peré, un intermediario que ayudó a pagar los sobornos.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, en el juicio logró probarse que Aguilar pagó sobornos para conseguir el contrato de fuel oil durante el gobierno de Rafael Correa. Pero una vez que los funcionarios del correísmo dejaron sus cargos (entre ellos Nilsen Arias) con el cambio de Gobierno, buscaron nuevos funcionarios para seguir pagando sobornos y obtener “negocios adicionales”.

Además, Javier Aguilar recibió “beneficios personales” pagados por la empresa de Vito en Curazao después de la firma del contrato de combustible, según pruebas adicionales presentadas por los fiscales.

Parte de las transcripciones de este juicio y reveló los detalles que Nilsen Arias contó durante su testimonio, entre ellos que usó el dinero de los sobornos de Vitol y otros contratos de Petroecuador para comprar una casa y otros bienes inmuebles en Portugal, en donde se estableció con su familia.

Tras la declaratoria de culpabilidad por parte del jurado, un juez deberá fijar la sentencia para Aguilar. Enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel por el delito de conspiración para lavado de activos.

Arias y Peré, que testificaron en el proceso, se han declarado culpables y esperan una sentencia reducida después de su colaboración en este juicio.