En entrevista televisada el 29 de febrero, el presidente del Instituto de Seguridad Social del Ecuador (IESS), Eduardo Peña, presentó dos propuestas que serán incluidas en el proyecto de reforma que se presentará al Congreso Nacional este año.

Se plantea subir de 5 a 30 los años para calcular el monto de la pensión por jubilación y aumentar el porcentaje de aportación del afiliado, en relación de dependencia, del 20,6% del salario al 30%. El ejecutivo dijo que espera aplicar el incremento de este porcentaje desde este 2024.

El anuncio provocó una reacción violenta de grupos de pensionados y afiliados que salieron a las calles después del discurso. Los representantes del Frente Nacional de Defensa del IESS rechazaron estas propuestas. El presidente de la organización, José Ortiz, cree que hay alguien en la junta que está interesado en privatizar la Seguridad Social. “No nos perderemos años de jubilación ni aumentos en los aportes mensuales porque primero tenemos que demostrarlos mediante cálculos actuariales”, advirtió.

Los jubilados exigen que en lugar de las reformas se busquen otras alternativas para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, por ejemplo, que el Estado pague la deuda por concepto de aportes, el 40% para el pago de pensiones de jubilados y por el 0,30% que el Estado debe financiar al Seguro Social Campesino. 

Los dirigentes del Frente de Trabajadores (FUT) se sumaron al rechazo y piden que se corrijan presuntos hechos de corrupción. 

“Sabemos que existen mafias al interior del IESS reduciendo los recursos”, denunció Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) al desconocer a Richard Gómez, vocal representante de los asegurados en el Consejo del IESS.

Lenin Lara, miembro del Partido Revolución Ciudadana y miembro del Comité de Desarrollo Económico, discrepa con esto y afirma que existen alternativas para “aislar a los jubilados y afiliados de este golpe”. Se refirió a las medidas de contribución estatutaria para abordar los conflictos armados internos.

María Teresa Pasquel, de la Comisión de Seguridad Social, cree que otra alternativa es crear más puestos de trabajo, fomentar el empleo juvenil, que derive en más afiliaciones y no aplicar las reformas de Peña.