Tres nuevos sospechosos, Kevin Steven L. M., Javier Andrés T. Z. y Javier Benito M. M., fueron procesados por su presunta participación en el asesinato del fiscal César Suárez.
Durante la audiencia de vinculación realizada vía telemática el lunes 26 de febrero desde la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal presentó varios elementos de prueba, que incluyeron el parte informativo, testimonios de los agentes aprehensores, actas de levantamiento de cadáver y autopsia de la víctima, informe de reconocimiento del lugar del crimen, evidencias de allanamientos bajo cadena de custodia, y videos de cámaras de seguridad del ECU 9-1-1 y del Municipio, entre otros. También se mencionaron declaraciones de los detenidos en flagrancia, quienes implicaron a otros en el crimen.
La Jueza de Garantías Penales, que llevó el caso, aceptó la solicitud de la Fiscalía y ordenó medidas cautelares para los tres acusados, que incluyen la prohibición de salir del país, presentarse ante la Fiscalía los días lunes, miércoles y viernes, y el uso de grillete electrónico. La instrucción fiscal se prolongará por treinta días adicionales.
El caso se originó a partir de una investigación previa sobre el asesinato ocurrido en la vía Del Bombero, en Los Ceibos, donde el fiscal del Guayas fue tiroteado en su vehículo. La policía recolectó imágenes de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar los vehículos involucrados, uno de los cuales fue encontrado incendiado en Colinas de la Alborada.
Durante el operativo, Cristhian Gabriel P. M. y Ángel Gonzalo A. B. fueron aprehendidos, y en los allanamientos se encontraron tres armas de fuego (un fusil y dos pistolas), municiones e indumentaria de la Agencia de Tránsito Municipal, que se cree fue utilizada en el crimen. La Dirección de Criminalística confirmó que las armas fueron usadas en el asesinato. Dos de las pistolas fueron ingresadas al país de contrabando y están registradas en los Estados Unidos. En la audiencia de flagrancia, el Juez ordenó prisión preventiva para ambos acusados, basándose en el artículo 140, numeral 10, del COIP, que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
