Un grupo de hombres con pistolas dispararon en el exterior de la casa de Rodolfo y Juliana, una pareja de defensores de derechos humanos, que viven en el sur de Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador La amenaza de muerte llegó el 14 de mayo pasado. Era un día sábado y el reloj marcaba las 12:30.

Uno de los armados los apuntó con una pistola y les exigió que quiten las cámaras de seguridad que estaban en la puerta de su local. “Yo soy el que estoy al mando de este sector y si ustedes no me copian por las buenas, lo harán por las malas. Te vas a morir porque yo no estoy solo. Así que no intenten hacer nada contra mí. En este momento me quitan las cámaras o ahorita mismo se mueren”, advirtió.

La gente de este sector conoce al hombre que amenazó la vida de la pareja. Se trata de uno de los cabecillas de una banda criminal que opera dentro y fuera de las cárceles del Ecuador. De hecho, a esta organización delictiva se le atribuyen decenas de asesinatos en el Puerto Principal. Por eso, Rodolfo y Juliana no dudaron en salir de su casa. El temor a ser asesinados los hizo huir junto con su familia.

Armados amedrentan a residentes

Han pasado por distintas casas de amigos y familiares. En cada sitio al que van recuerdan cómo los miembros de esta organización delictiva los empezaron a hostigar. Según su relato, todo comenzó hace más de dos meses. Un día, la banda delictiva comenzó a disparar con una subametralladora en la comunidad.

La Policía llegó al sitio y contabilizó al menos 60 disparos. La alerta generó que los uniformados realicen operativos en donde se incautaron de droga y armas.

Desde entonces, los cabecillas de la organización acusaron a la pareja de defensores de ser los que llamaron a los agentes. Rodolfo y Juliana niegan haberlos denunciado, pero dicen que los jefes de la banda les dijeron que la Policía se enteró, a través de las cámaras de seguridad que tienen en su local.

“La vez anterior ya nos hiciste la sapada y se nos llevaron unas notas, entonces por eso la gente está cabreada con ustedes”, les dijo uno de los cabecillas que los amenazó días después. La pareja decidió empacar y huir.

Víctimas están indefensas

No optaron por acudir a la Policía o a la Fiscalía, pues el sistema de protección a víctimas y testigos también está en emergencia. El último contacto que tuvieron fue con el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil.

Este organismo dice que no había garantías de una protección efectiva por parte de las autoridades. Especialmente en estos momentos en que la Fiscalía ha denunciado que no goza con los recursos económicos, equipamiento y personal suficiente.

Este Diario, incluso, conoció oficialmente que los agentes encargados de la protección de las víctimas lo hacen con chalecos caducados y sin armas.

Por eso, Rodolfo y Juliana han dicho que seguirán ocultos hasta que existan las condiciones para su resguardo. Mientras esto ocurre, la oficina está cerrada. Allí atendían a personas víctimas de violencia intrafamiliar y de reivindicación étnica. También apoyaban con recursos económicos para microemprendimientos.

Pero este caso no sería el único. Desde el 2021, con el incremento de la violencia en Guayaquil, líderes comunitarios han sido amenazados por las bandas.

Moradores cuentan que a diario se ven motorizados con armas de fuego. “Las comunidades del sur de Guayaquil están a merced de las bandas”, señala un dirigente que recibió tres amenazas de muerte el último año.