El Gobierno de Daniel Noboa está creando en secreto y mediante engaños a los presos de las cárceles de Ecuador una base de perfiles genéticos, según tres fuentes oficiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los funcionarios que llevan a cabo esta tarea les explican a los internos que estas muestras de ADN que irán a parar a un banco estatal de información les ayudará a ser identificados en el caso de que se produjera una matanza, algo que ocurre habitualmente en las prisiones del país, o que alguien suplantara su identidad.

La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria. Lo que les ocultan es que tiene derecho por ley a negarse a que le tomen las muestras y que esa información genética sirve para implicarles en crímenes que cometieron en el pasado o que vayan a perpetrar en el futuro. Realizar este procedimiento es obligatorio para los toxicólogos, antropólogos, químicos forenses y psicólogos forenses del país.

Noboa, un empresario de 36 años hijo del hombre más rico del país, ganó por sorpresa las elecciones presidenciales de Ecuador en octubre del año pasado. Recibió, tras asumir el cargo en noviembre, un país sumido en la violencia y controlado por las pandillas. Paradójicamente, las bandas ejercían su poder desde las prisiones, en cuyos pabellones las autoridades no se atrevían a entrar.

En enero, pandilleros desafiaron al Estado, atacaron una estación de televisión en vivo y aterrorizaron las calles de Guayaquil con tiroteos y secuestros. Debido a los “disturbios civiles”, Noboa declaró el estado de emergencia, lo que le dio el poder de sacar al ejército a las calles y convertir a las pandillas en objetivos militares bajo la etiqueta de terrorismo. En apenas dos meses, el número de asesinatos se redujo a la mitad y el presidente anunció la creación de dos cárceles similares a la prisión de Najib Bukele en El Salvador.

El Comité Permanente de Derechos Humanos, CDH, que monitorea la situación de las cárceles, no conocía esta información. “Se estaría violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”, dice Billy Navarrete, su director. “La persona debería estar acompañada o por lo menos asesorada de su representante legal”, añade. “El Ministerio de Salud Pública es la única entidad que debería garantizar de forma ética el acceso a esa información altamente sensible, aquí no cabe otra delegación”, insiste.

El Gobierno quiere evitar también casos como el del criminal Leandro Norero, alias El Patrón, que reveló la incompetencia de las autoridades. En 2020, Norero, uno de los capos más importantes del narcotráfico, aprovechó la pandemia de la covid-19 para declarar su muerte a causa del virus y evadir a las autoridades de Perú, donde tenía una causa abierta.

La próxima vez que se le localizó, con vida, fue en una mansión en Samborondón, una ciudad rica anexa a Guayaquil. Se le encarceló de nuevo y el de octubre de 2022, en el pabellón de mediana seguridad de Cotopaxi, murió por segunda vez. El Patrón cayó en una emboscada que organizó la banda criminal los Lobos, que eran sus aliados y socios de negocios, y que mantienen el dominio del reclusorio.

En teoría, fue desmembrado y después incineraron parte de su cadáver. Sin embargo, la policía sospecha que se trataba de otra artimaña. La identificación se hizo con un estudio antropológico forense, descripciones de los familiares, tatuajes, cicatrices, y no uno de perfil genético, porque no se tenía. Sin ese perfil biológico no se puede asegurar al cien por cien que el criminal haya muerto. Los cambios de identidad con cirugías plásticas y fingir entierros son artimañas habituales de los capos de la droga.