El 21 de febrero, tres personas disfrazadas como policías chilenos entraron al departamento de Ojeda Moreno, un exmilitar venezolano de 32 años.
A las 3:09 a.m., hora local, individuos con armas, chalecos antibalas y rostros cubiertos sacaron a Ojeda de su hogar contra su voluntad. Estaba maniatado y vestido solo con ropa interior, según videos de cámaras de seguridad del edificio.
El caso de Ronald Ojeda atrajo la atención pública en Chile, Venezuela y otros países de la región. El 21 de febrero, la Fiscalía de Chile inició una investigación sin revelar la identidad de la víctima para proteger su integridad. Solo se mencionaba como un “ciudadano venezolano”. Nueve días después, el 1 de marzo, se encontró un cuerpo enterrado en una maleta bajo 1,4 metros de cemento en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Las autoridades confirmaron que se trataba de Ronald Ojeda.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, describió la investigación como compleja y vinculada al crimen organizado, destacando el despliegue de diligencias que condujeron al resultado. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó el desenlace del caso y expresó condolencias a la
El Gobierno del presidente Gabriel Boric destacó la prioridad de combatir el crimen organizado, subrayando la necesidad de políticas de Estado y la colaboración de todas las instituciones y actores políticos del país. La forma en que se ocultó el cadáver de Ojeda ya se había observado anteriormente en Chile, con crímenes similares cometidos por el clan de “Los Gallegos” en Arica, considerado un brazo operativo del Tren de Aragua. El abogado de la viuda de Ojeda señaló que durante los días de su desaparición no se solicitó rescate ni hubo contacto entre los secuestradores y la familia, lo que plantea más interrogantes sobre el caso. familia, reiterando el compromiso del Gobierno de apoyar la investigación y aplicar sanciones a los responsables.
