La Policía Nacional y Fuerzas Armadas trasladaron a cinco cabecillas de bandas delincuenciales que controlan la cárcel de Turi, en Cuenca, la noche de este lunes 4 de abril de 2022 hasta el centro penitenciario de máxima seguridad en Guayaquil, conocido como La Roca.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó en su cuenta de Twitter sobre el traslado de los reos. Los cinco hombres llegaron a la Base Aérea de Guayaquil a las 21:30, en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y luego fueron trasladados hasta La Roca.
En imágenes que compartió la Secretaría se observa a las personas privadas de libertad que son llevadas esposadas, y fuertemente resguardadas, hacia el interior de la aeronave. A cada uno de los cabecillas se los ubicó en asientos separados.
Según indicó el Gobierno en un comunicado, los cinco cabecillas de bandas delincuenciales están involucrados directamente en los hechos de violencia de la madrugada del domingo 3 de abril que causaron 20 muertos y decenas de heridos.
El director del Servicio de Atención Integral de las Personas Privadas de la Libertad (Snai), Pablo Ramírez, explicó en rueda de prensa que estas reubicaciones en diferentes centros se realizan en función de los antecedentes y compartimientos de las personas privadas de la libertad.
No se descarta otros altercados
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que no se descarta que estos traslados generen altercados en las cárceles del país, pero enfatizó que responderán a esos desmanes.
Ramírez detalló que estas reubicaciones se las realiza en función de los antecedentes y comportamientos de las personas privadas de su libertad (PPL), por amenazas o inminente peligro para la seguridad interna de los centros, así como para precautelar la vida de los demás internos.
Reiteró que, con esta modalidad, de enero a la fecha se han prevenido 83 muertes violentas, por lo que conminó a “las autoridades judiciales para que apoyen estos traslados y de esa manera se puede asegurar cada uno de los centros de privación de libertad”.
Además, las autoridades informaron que, tras la identificación de 127 indicios balísticos, se pudo determinar que cinco armas fueron utilizadas el 3 de abril de 2022 en los actos violentos. El ministro Carrillo comunicó que se continuará con la indagación de la pista del dinero pues “uno de los medios importantes para que se desate toda esta violencia tiene que ver con la economía criminal y en eso vamos a trabajar (…). No vamos a parar hasta entregar al sistema un centro penitenciario limpio”.
En cuanto a la identificación de cuerpos, 17 de ellos ya han pasado el proceso de necrodactilia y el cotejamiento con el Registro Civil. Los familiares ya han sido informados y se cumplen los protocolos de autopsia. Cerca de 10 cuerpos han sido ya entregados para una digna sepultura y se colabora en el traslado hacia las provincias de origen.
El jefe de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Agustín Proaño, afirmó que esta entidad ha brindado su contingente para apoyar el trabajo de restablecer el orden en el CPL Azuay N.° 1. Actualmente, 420 efectivos militares están operando en el centro.
El Snai también se pronunció sobre las acciones desarrolladas para mantener el control en la cárcel de Turi. Entre otros aspectos, se continuó con la atención médica a 130 personas que resultaron con heridas leves. Ocho internos fueron trasladados a diferentes casas de salud, de los cuales seis se hallan estables y dos ya recibieron el alta.
Método para esconder armas
Tras las requisas, las autoridades determinaron que cinco armas de fuego, parte de los 197 indicios balísticos, fueron utilizadas en los hechos del domingo 3 de abril. También se decomisaron 50 municiones, 127 armas cortopunzantes, 329 dosis de sustancias estupefacientes, un computador portátil, 50 celulares, dos kilos de cocaína y 1312 litros de alcohol.
El método para ocultar las armas fue utilizar troncos de madera. “No vamos a salir del centro (de rehabilitación) hasta que no terminemos”, dijo Carrillo. El objetivo es seguir la pista del dinero porque los hechos se relacionan con una “economía criminal”.
El teniente Javier Chango, jefe de la Unidad de Criminalística de la Policía, explicó que tres de las armas son de marca Glock, marca que utiliza la Policía Nacional. No obstante, tras la verificación se constató que las armas no tienen grabados que indiquen que pertenecen a la Policía.
Las autoridades mencionaron que se realizará un cruce de información entre el sistema internacional de países de la región para conocer si las armas han intervenido en algunos otros ilícitos.
