Los abogados Andrés Castillo y Patricio Alarcón llevaron ante la Corte una demanda por inconstitucionalidad en la resolución del Pleno de la Asamblea, que el pasado 10 de marzo de 2022 concedió la amnistía a 268 personas por diferentes delitos, considerados, de índole político.
La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda presentada en contra de la amnistía que otorgó la Asamblea Nacional a 19 judicializados por las protestas de octubre de 2019. El Legislativo tendrá un plazo de 15 días para aclarar el recurso resuelto para líderes políticos, como Leonidas Iza o Jaime Vargas, acusados de la destrucción de Quito en esas manifestaciones.
Los denunciantes cuestionaron que el Parlamento perdonara específicamente a procesados por supuesto terrorismo y secuestro, delitos en los que la Constitución prohíbe la amnistía. Vargas, en ese entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, retuvo por algunas horas a periodistas que cubrían una asamblea indígena en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Castillo y Alarcón también pidieron la suspensión temporal de la resolución legislativa, pero la Corte Constitucional no la acogió. Sin embargo, la admisión a trámite implica que tanto la Asamblea Nacional como la Procuraduría intervengan en esta causa con la “defensa o impugnación de la constitucionalidad de la resolución” para la amnistía de los judicializados.
El Legislativo tiene hasta el 26 de mayo para remitir los informes y la documentación que amparan su decisión de condonar a los procesados por los delitos cometidos en las protestas de 2019. Del resto de amnistiado no hay ninguna demanda presentada.
