Comunidades quichuas viajan a Quito solicitando pronunciamiento de la Corte sobre derrames petroleros en el río Coca.
Más de 150 quichuas de la provincia amazónica de Orellana llegaron a la Corte Constitucional para exigir que se dé trámite a una causa congelada desde abril de 2021 sobre el derrame de casi 16 mil barriles de hidrocarburos en el río Coca. Los derrames han persistido en el sector debido a la erosión de las tuberías petroleras, mientras la Corte no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
En el sector de Quijos, entre las provincias de Orellana y Sucumbíos, 109 comunidades ancestrales fueron afectadas por un gran derrame de crudo el 7 de abril de 2020. La rotura de varios oleoductos debido a la erosión regresiva del río Coca causó la contaminación de las riberas y la destrucción de comunidades aguas abajo. A pesar de las advertencias de la comunidad científica, el flujo de crudo no se detuvo, lo que resultó en graves consecuencias ambientales y sociales.
El sistema de alerta falló y varios indígenas ingresaron a los ríos contaminados con petróleo al día siguiente del derrame. La remediación a las comunidades afectadas fue considerada incompleta e inadecuada. Hubo derrames anteriores que afectaron a numerosas poblaciones, pero las acciones legales planteadas por las comunidades no fueron reconocidas por la justicia como violación de derechos, sino como “insatisfacción de los accionantes”.
Las comunidades quichuas sufren de agua contaminada, afectando su estilo de vida y cultivos. Demandan restauración de recursos, estudios de salud, alimentos y agua potable durante la construcción de sistemas de agua, empleo local en remediación, monitoreo y disculpas públicas.
