El Gobierno informó sobre el traslado de la responsabilidad del proceso de admisión a las universidades. Pero hasta el 15 de julio no había claridad sobre la forma en que se aplicaría esa disposición.
Mientras en redes sociales los jóvenes manifestaron su alegría por la eliminación del examen Transformar, la comunidad universitaria permanece a la expectativa.
Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), la reforma permitirá que las universidades ejerzan su “autonomía real” y puedan ampliar su capacidad de gestión, crear carreras y administrar libremente sus recursos.
Precisamente ese tema preocupa a autoridades de las universidades Central, de Cuenca y de Guayaquil (todas públicas). El rector de esta última, Francisco Morán, considera que las reformas son positivas, pero espera conocer detalles sobre el financiamiento para esta nueva responsabilidad.
“Hay un presupuesto que la Senescyt tiene para realizar estas pruebas. Esperamos que, de igual forma, se asigne para las universidades. Esto demanda equipo tecnológico, personal administrativo, etc.”, sostiene Morán.
El presupuesto de la U. de Guayaquil en este año es de USD 121 millones y el gasto en un proceso de admisión no está contemplado en él. Esa institución oferta aproximadamente 8 300 cupos cada semestre y el número de personas que postulan “fácilmente se multiplica por 10”, señala el Rector.
También le preocupa que estén contra el tiempo. Su próximo semestre arranca el 1 de diciembre y deberán tener listo el nuevo sistema de admisión. El presidente Guillermo Lasso dijo que solo en la Sierra, el examen aplicado por la Senescyt se dará por última vez para el segundo semestre del 2022. En la Costa no se tomará más.
En Ecuador hay 64 instituciones de educación superior, de las cuales 33 son públicas. “¿Cómo hacemos, señor Presidente? Esa es la pregunta que nos hacemos”, dijo la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida.
Cada semestre postulan a ese plantel alrededor de 18 000 jóvenes y hay entre 3 000 y 3 500 cupos. Aplicar un examen a esa cantidad de personas cuesta dinero, manifiesta. Además, asegura que el presupuesto se redujo en USD 5,5 millones en el 2020, en 1,6 en el 2021 y en 2,5 este año. El Estado les adeuda USD 11 millones de saldos de caja, que son recursos generados por autogestión, asegura.
Lo mismo ocurre en la Universidad Central, según sus autoridades. Dicen que de USD 158,5 millones de presupuesto en el 2019, pasaron a USD 139 en la Proforma 2022. En el último semestre, 28 000 jóvenes aspiraron a uno de los
5 975 cupos disponibles.
Desde el lunes, los actores internos se reunirán para definir procesos, señala la vicerrectora académica, María Augusta Espín.
En el primer período académico de este año se quedaron sin cupo aproximadamente 100 000 aspirantes a la educación superior en el país. “Es porque no hay recursos suficientes”, sostiene la Rectora de la Universidad cuencana.
¿Un retroceso?
Algunos rectores dicen que eliminar el examen nacional es un retroceso. Con eso coincide Harvey Sánchez, presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública y consejero técnico de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco. Él indica que al ser un proceso a gran escala, hacerlo mediante una sola plataforma y equipo minimiza los costos, ya que la tecnología cuesta lo mismo para evaluar a 300 que a 300 000 aspirantes.
Con la reforma, las universidades tendrán que desarrollar sus sistemas de evaluación, dedicar personal, espacio físico y virtual, equipos, apunta Sánchez. “¿Quién va a pagar por todo eso, multiplicado por 50 o más instituciones que lo implementen? La sociedad, obviamente”.
El retorno de la competencia a las universidades no resuelve nada, considera Erik Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). “Esto no quiere decir libre ingreso. Las universidades no están en la capacidad de darlo”.
Al representante estudiantil le preocupa la incapacidad de los sistemas informáticos universitarios para acciones de esta magnitud. Además, señala que los aspirantes deberán hacer un proceso de admisión por cada universidad a la que deseen postular y rendir evaluaciones diferentes.
La rectora Hermida dijo que se baraja la posibilidad de juntarse entre universidades públicas para hacer un solo examen de admisión y aliviar el peso económico. Esto, debido al proceso de compra que implicaría, por ejemplo, la adquisición de la plataforma para la evaluación.
