La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, enfrenta acusaciones por presuntamente cometer un delito contra el líder del chavismo Nicolás Maduro.
La detención de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien lleva cinco días privada de libertad, ha generado preocupación en la comunidad internacional y en organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas condenan la acción y demandan la liberación de la también abogada.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y numerosas ONG locales han expresado su preocupación por la detención de San Miguel. La Fiscalía la vincula “presuntamente” con una trama conspirativa. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos ha manifestado estar “profundamente preocupado” por la detención de la activista y ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
La activista fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Sin embargo, su arresto fue confirmado por el fiscal general, Tarek William Saab, el domingo. Hasta ese día, su paradero era desconocido, lo que llevó a su defensa a calificar su estado como “desaparición forzosa”.
