En Uruguay siete personas, incluida una funcionaria del Ministerio de Defensa, fueron detenidos por explotar a 28 venezolanos en una red de trata de personas, la cual fue desmantelada en Artigas.
La prensa local resalta que la organización ofrecía trabajo en canteras a través de WhatsApp, obligando a los trabajadores a cumplir horas extras y vivir en condiciones precarias en el lugar de trabajo. A pesar de prometer altos salarios, las víctimas solo recibían $150 al mes y se les retenían sus documentos de viaje.
La fiscal Sabrina Massafierro consiguió medidas cautelares de arresto domiciliario, con dispositivo electrónico, por 120 días para las siete personas involucradas, incluida una psicóloga venezolana. Las medidas también incluyen fijar domicilio, prohibición de salir del país, entrega de documentos de viaje y prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas en un radio de 500 metros.
El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, explicó en la red social X que la funcionaria implicada en el caso de trata de personas en Artigas no ocupa un cargo de confianza en la cartera. Afirmó que es una funcionaria de carrera con más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Defensa, y que no ejerce como asesora personal ni en un cargo de confianza, sino que ocupaba el cargo de jefa interina de sección notarial.
