Fue notificada la Fiscalía General del Estado con la sentencia escrita del tribunal sobre el caso Las Torres. En el documento, el tribunal señala que tras un análisis de los hechos se demostró que 11 personas, incluido el excontralor Pablo C., formaron parte de una estructura delictiva. La información se publicó la noche del martes, 04 de julio de 2023. Sentencia caso Las Torres
La mencionada estructura se usó para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Ante ello -dice la sentencia- “las circunstancias nos permiten considerar que es legal y proporcional –al grado de vulneración de los bienes jurídicos– imponer a los procesados el máximo de la pena prevista para el delito”.
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Además en el documento se explica que Pablo C., excontralor del Estado, y Pablo F., exgerente de Petroecuador, son declarados culpables por el delito de delincuencia organizada. Básicamente son los autores directos, por lo que se les imponen 13 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, para cada uno.
Mientras que Natalia C. y Daniel O., exfuncionarios de la empresa pública Petroecuador, deberán cumplir una pena privativa de libertad de nueve años. Ellos participaron como colaboradores en la comisión del delito de delincuencia organizada.
También señala la culpabilidad de Andrés L., Luis A., Álvaro de G., Giomara L., Ángelo R. y José Esteban C. como colaboradores, a quienes se les impone una pena privativa de libertad de siete años. Mientras que Martha B., por su colaboración eficaz, deberá cumplir seis meses de prisión.
A esto se suma la reparación o indemnización al Estado. Pablo C. y Pablo F. deberán cancelar USD 250.000 (cada uno); y, Andrés L., Luis A., Álvaro de G., Silvia L., Ángelo R., José Esteban C. y Martha B., USD 100.000 (c/u); y ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano.
Contexto
El caso Las Torres trata sobre una estructura delictiva que exigía sobornos a una contratista de Petroecuador a cambio de desvanecer las glosas en la Contraloría. Además de gestionar pagos pendientes en la estatal petrolera. Según la Fiscalía, la estructura funcionó entre 2017 y 2020.
