Entre enero y marzo de 2024, Ecuador registra 1.543 casos de secuestros y extorsiones, y solo en Guayaquil, la cifra se ha quintuplicado, en pleno estado de excepción.
Un informe policial, uno de los argumentos para prorrogar el estado de emergencia por 30 días, reconoció que la criminalidad siguió aumentando a pesar de los esfuerzos en las calles. Dos de ellos fueron secuestro y extorsión a ciudadanos.
Entre enero de 2024 y los primeros días de marzo, la cifra de ambos delitos ha llegado a 1.543 casos en Ecuador. Y en Guayaquil, una de las ciudades más castigadas por la espiral de violencia, las denuncias se han quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado.
Estadísticas oficiales muestran que entre enero y el 8 de marzo se produjeron 120 casos de secuestro y extorsión en Guayaquil.
Pero en el mismo periodo de este 2024 ese volumen trepó a 618, pese al estado de emergencia y hasta el toque de queda vigentes.
A nivel de provincias, Guayas es la más impactada por este segmento de delitos con 650 casos reportados, seguida de Esmeraldas con 189, y luego Pichincha con 166 denuncias.
LIBERAMOS A DOS VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 10, 2024
Quienes fueron interceptadas por antisociales en #Durán, y exigirían altas cantidades de dinero para su liberación.#CompromisoInquebrantable pic.twitter.com/kkW6eoVmpT
Secuestradores reincidentes
En entrevista con Ecuavisa, el jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, aseguró que muchos los detenidos por este tipo de delitos son reincidentes.
Lamentó que algunos de ellos pronto salieron de prisión y regresaron para unirse a bandas criminales. El viernes pasado, la policía mostró a los medios de comunicación a 13 sospechosos detenidos en una operación antisecuestro y extorsión, varios de los cuales tenían los mismos antecedentes penales.
El pasado 8 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días ante la situación de conmoción y conflicto armado interno tras una serie de atentados.
Mientras que el jueves pasado, Noboa prorrogó el estado de excepción con el objetivo de “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”.
Con las medidas excepcionales, el Gobierno de Noboa abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control de la seguridad interna del país, tanto en las cárceles como en las calles.
