El CAL, Consejo de Administración Legislativo, órgano con mayor autoridad en el congreso ecuatoriano, resolvió aceptar el pedido de la fiscal Diana Salazar de reactivar el juicio político que la bancada correísta impulsa en su contra. Salazar aseguró en agosto que está lista para el “narco juicio”, esto tras solicitar la suspensión del proceso en mayo, cuando la fiscal anunció su embarazo y señaló que estaba en riesgo su salud y la del bebé que espera.
El comunicado del CAL, dice: La Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, cercana al expresidente Rafael Correa, deberá unificar las solicitudes de juicio político contra la fiscal y continuar con el proceso que avanzará hacia las fases de sustanciación y juzgamiento.
El 19 de agosto, Salazar aseguró que “la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin” en referencia a que su estado de gestación es estable y ya puede someterse a la presión del enjuiciamiento político que podría resultar en la destitución de su cargo:
Según la fiscal, los argumentos de sus interpelantes no tienen sustento y advirtió que una de las intenciones de los legisladores que la enjuician es desviar la atención de los casos de corrupción judicial: “Este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan”, indicó en un video compartido en la mencionada fecha.
El correísmo acusa a Salazar de “incumplimiento de funciones” por retrasos en procesar casos como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso), INA Papers (donde se investiga al ex presidente Lenín Moreno). También la acusan de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus. El incumplimiento de funciones, argumentan los legisladores correístas, se extiende a la falta de prevención de asesinatos a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.
Para iniciar un juicio político, los proponentes deben iniciar el trámite reuniendo 35 firmas de respaldo. Finalmente, el trámite llega al pleno donde se realiza la presentación de argumentos, la defensa del juzgado, el debate de los legisladores y la votación para resolver la sanción que puede incluir la destitución y censura del cargo. Salvo algunas excepcionalidades establecidas en la Constitución, para destituir a un funcionario, que no sea ministro o secretario de Estado, se necesita una mayoría absoluta, es decir 70 votos. En este caso, el correísmo cuenta con 48 legisladores necesita encontrar 22 votos.
