Con el Decreto Ejecutivo anunciado este 17 de mayo por parte de Guillermo Lasso disuelve inmediatamente a la Asamblea Nacional y, según consta en artículo 148 de la Constitución, se otorga un plazo máximo de siete días al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Las nuevas autoridades electas estarán en funciones hasta el término del periodo vigente. Las elecciones legislativas y presidenciales.
Horas después de comparecer en el juicio político, el presidente de Ecuador dictó la muerte cruzada. Según el decreto 741, la resolución se toma por grave crisis política y de conmoción interna y, se pide la convocatoria inmediata de elecciones legislativas y presidenciales.
«Esta es una decisión democrática, porque que le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir en las próximas elecciones», dijo Lasso en cadena nacional, «este es un nuevo momento para el optimismo, construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador… Invocando una vez más las palabras del expresidente Jaime Roldós, mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano», concluyó.
Hasta el desarrollo del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso podrá expedir decretos-ley de urgencia económica, mismos que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.
De acuerdo al Código de la Democracia, el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses. Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, le da la potestad al Consejo Nacional Electoral a que puede disponer la realización de las elecciones en «un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria». Es decir que el proceso electoral no debe realizarse más allá del mes de septiembre.
