Este miércoles 31 de agosto de 2022, Francisco Calí Tzay, será parte el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en diàlogo entre gobierno e indígenas, participará en la mesa temática sobre Justicia y Derechos Colectivos.
Así lo informaron este martes el Ministerio de Gobierno en un comunicado en el que anotó que el relator conocerá la metodología con la que se desarrollan los diálogos y mantendrá reuniones con representantes del Ejecutivo y de las organizaciones indígenas.
«Es una muestra al mundo de la seriedad con la que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso asume las Mesas de Diálogo, en procura de mejorar la calidad de vida de los sectores olvidados por gobiernos anteriores», dijo el ministro de Gobierno en funciones, Homero Castanier.
La participación del representante de la ONU era una de las peticiones de los grupos indígenas.
Otras mesas
Sobre la Mesa de Fomento Productivo y las expectativas del régimen, Castanier señaló que presentaron la propuesta del Gobierno frente a los requerimientos que hicieron los sectores indígenas.
Y agregó: «Estamos hablando de un tema estructural del sector agrícola en la ruralidad ecuatoriana; estamos hablando de cómo mejorar la eficiencia, rentabilidad, precios justos, comercialización, tecnificación y con ello contribuir en una mejor calidad de vida».
Por otra parte, resaltó los acuerdos alcanzados en la mesa Banca Pública y Privada, asegurando que esa es una muestra de que el diálogo sirve: «El Gobierno Nacional presentó soluciones para el alivio económico de las familias como condonaciones, renegociación de deudas a plazos razonables, recalificación para acceder a nuevos créditos».
Focalización de combustibles
Sobre la focalización del precio de los combustibles, Castanier reconoció que es una de las metas más complejas.
«Se necesita tener la información técnica para llegar a acuerdos que sean efectivos. Los ecuatorianos estamos subsidiando el combustible en más de 3 mil millones» de dólares, dijo.
Recordó que los dirigentes indígenas solicitaron focalizar los subsidios en los combustibles para el transporte comunitario, pequeños agricultores, campesinos y pescadores artesanales.
«No teníamos un catastro, no existen registros de estos sectores. Los sectores indígenas tampoco tienen esa información», comentó y se preguntó si la focalización de los combustibles en verdad beneficia al sector campesino.
Apuntó que «los índices de contrabando por las fronteras del país se mantienen y en algunos puntos se están elevando, a pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno de Guillermo Lasso, por controlar este acto ilícito que tanto dinero le cuesta al país».
Las mesas técnicas de diálogo tienen un plazo de 90 días para llegar a acuerdos en torno a los diez puntos del pliego de demandas, según el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas que puso fin a las movilizaciones de junio pasado.
Las protestas desarrolladas entre el 13 y 30 de junio se saldaron con siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes —de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y los grupos indígenas— y un militar. Además, dejaron alrededor de unos 500 heridos entre protestantes y fuerzas de seguridad.
