El Municipio de Guayaquil ha desembolsado hasta ahora 26 millones de dólares, para la compra de vehículos, motos, herramientas, infraestructura, entre otros equipos, como parte de su contribución en materia de seguridad ciudadana una inversión o un dinero mal dirigido. Algo que, a decir de la alcaldesa Cynthia Viteri, no es de su competencia; no obstante de esas adquisiciones, los niveles de inseguridad y violencia delictiva siguen siendo altos. Entonces, ¿debería seguir invirtiendo la Alcaldía en un tema que no le compete, en lugar de destinar ese dinero a obras que podrían contribuir de mejor manera a la baja de la delincuencia en la urbe porteña?
Expertos y profesionales consultados concuerdan en que los municipios también deben velar por la seguridad de sus habitantes, pero con obras que directa o indirectamente pueden hacer dentro de sus facultades.
“Si bien es cierto, la seguridad de todos los ecuatorianos es competencia del Gobierno central, los GAD municipales también tienen que velar por eso (…) son 26 millones que ha invertido el Municipio de Guayaquil, pero lamentablemente no se ve el otro lado de la moneda, porque el índice delincuencial es muy alto”, analiza el abogado penalista Santiago Sánchez.
Según considera, ese dinero debería ser asignado a obras que mejoren “la vista de la ciudad”. Lamentablemente, añade, a partir de las 7 de la noche Guayaquil es una ciudad desolada. “Da tristeza pasar por la 9 de Octubre y ver esas luminarias bien bajas, tenemos calles sucias (…). Yo creo que el Municipio está malgastando el dinero de todos los contribuyentes y se está destinando dinero a otras áreas que no son su competencia”, señala Sánchez.
Con él concuerda el sociólogo Carlos Tutivén, catedrático de la Universidad Casa Grande, al confirmar que la ciudadanía vive un estado de estupor continuo. “Lo que ve en las noticias y experimenta en las calles confirman esta sensación de estar en “tierra de nadie” o, al menos, en una ciudad expoliada por la delincuencia cotidiana, cada vez más avezada, el narco-sicariato, unas cárceles ingobernables, y una clase política que se muestra impotente y atravesada por acusaciones cruzadas de corrupción y negligencias administrativas”.
En ese contexto, considera bien que la Alcaldía colabore a un “Estado quebrado”, dándoles recursos y equipamiento, más allá de las competencias formales, y está en su derecho de reclamar eficiencia de esa inversión. Sin embargo, sostiene, la administración municipal puede ayudar a paliar la crisis de seguridad desde sus propias funciones y competencias, invirtiendo en espacios públicos más seguros, iluminados, protegidos. Implementando programas culturales de asistencia social juvenil verdaderos, y no meramente turísticos o publicitarios, gastando menos en la ornamentación superficial, y más en el cuidado del espacio público y la convivencia ciudadana.
El teniente coronel Rodrigo Braganza, jefe de seguridad de la UEES, también apunta a esa atención en los espacios públicos. “En una equis ciudad, donde tengo los parques sucios, los árboles frondosos, casas abandonadas, ¿en qué se convierte eso?, en guarida de delincuentes; entonces, ¿es responsabilidad eso de la Policía? No. Es de los municipios tener los parques limpios, de no tener casas abandonadas”, sostiene.
Si bien opina que la seguridad es de todos, el Municipio puede contribuir en la creación de ordenanzas para disminuir, por ejemplo, el consumo de licor los fines de semana, tarea en que se desvía la función de la Policía.
El académico y urbanista Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana, hace hincapié en el origen del dinero que se destina para ese tema. Recuerda, por ejemplo, que en Quito se cobra una tasa de seguridad.
“No está mal que se invierta en seguridad, pero lo normal es que sea el Gobierno el que contribuya en seguridad, pero acá se está haciendo al revés, desde lo local se invierte en lo nacional”, señala el experto, quien propuso la separación del Ministerio de Gobierno, ente que dirige a la Policía Nacional, de la política y seguridad.
Pero más allá de la inversión que se realiza, Fernando Samaniego, sargento primero en servicio pasivo de la Policía Nacional, considera que para bajar los índices de inseguridad se necesitan reformas de leyes, para que la Policía pueda actuar con decisión y firmeza; además, que los jueces y fiscales puedan aplicar una justicia ejemplar para los infractores de la ley. También “se necesita inversión para tener un servicio de inteligencia y tecnología de punta; y por último, el Municipio tiene que intervenir en un 100 %, ya que cobra una tasa que es destinada para la seguridad”.
Para Homero Ramírez, exdirector de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, está claro que la seguridad ciudadana es algo que le compete al Gobierno central y que la inversión que ha hecho el Municipio, “más que dar seguridad a la ciudadanía, es una cuestión política, es decir, como el Gobierno no tiene una política clara en ese sentido y como el Municipio de Guayaquil reclama que no hay seguridad (…) responden a ese cuestionamiento ciudadano, haciendo una inversión en algo que no deberían hacerlo”.
Pero, añade, descuidan lo que sí deberían hacer, como un buen alumbrado público en calles, parques, plazas de la ciudad, además de tenerlos limpios. “Los parques están llenos de maleza que dan lugar a cometer hechos delictivos”, señala Ramírez en una situación que la ciudadanía reclama a diario.
El profesional apunta a retomar prácticas que antes se hacían como: la seguridad privada en parques, aumento de cámaras en esos sitios recreativos, en las principales avenidas, donde los semáforos en rojo se constituyen en focos de inseguridad. También, coordinar con guardias privados de entidades públicas y privadas, además de una campaña que informe a los habitantes de cómo puede contribuir también en una seguridad preventiva.
