¿Vacunar o no a niños y adolescentes contra la Covid-19? Es una de las preguntas que muchos padres y madres de familia se han hecho desde que estuvieron disponibles, con mayor razón, desde que supimos que existe la orden de volver a los salones de clase la próxima semana.
Desde el 11 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó la aplicación de la vacuna de Pfizer para niños y adolescentes a partir de los 12 años.
Existe también el comunicado oficial, emitido por las autoridades de salubridad, en el que destacan que el biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para dicho grupo, y que es la primera vacuna contra el coronavirus autorizada en México para su aplicación a partir de los 12 años.
Sin embargo, por motivos que no han quedado muy claros, las propias autoridades de salud en México no han incorporado a dicho segmento de la población en el programa de vacunación, pese a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
Esto ha obligado a madres y padres de familia, por un lado, a llevarlos a vacunar al extranjero, y por otro, a acudir ante jueces federales, para reclamar la aplicación inmediata de la vacuna contra Covid-19 a sus hijos.
Para los que optaron por el camino judicial, los resultados fueron casi inmediatos. Jueces federales, a lo largo y ancho del país, ordenaron mediante una figura que se conoce como “suspensión de plano”, que se aplique la vacuna de Pfizer a los niños y adolescentes que, por conducto de sus madres, padres o tutores, acudieron a solicitar la protección judicial mediante la presentación de un juicio de amparo.
Durante la última semana se difundió que en Baja California y en la Ciudad de México, se ordenó, que, bajo estricta supervisión y valoración médica, se apliquen las vacunas.
Sin embargo, también existen los casos en los que un juez negó a una menor, el derecho de aplicarse la vacuna contra Covid-19.
El juez segundo de distrito y juicios federales en Querétaro, Karlos Alberto Soto García, al resolver sobre la suspensión de plano, en el expediente 881/2021, negó la aplicación de la vacuna a una niña de 13 años. Consideró que no es un acto que pueda equipararse a poner en riesgo la vida de la menor.
No obstante es un hecho público y notorio, que a las personas que se les suministra
tienen amplias y efectivas posibilidades de no morir a causa de la enfermedad.
Dicho de otra forma, para ese juez, hay que esperar a que una menor de edad esté enferma de Covid-19 y luego, exigir un “tratamiento”, sin tomar en cuenta, la naturaleza preventiva de las vacunas, y que una vez que estás enfermo, la inoculación ya no sirve de nada.
La opinión del juez
Por increíble que parezca, para este juez es irrelevante que la aplicación de una vacuna sea una medida preventiva; que existe algo que se llama interés superior del menor; que la niña acreditó que es alumna de un colegio y que regresará a clases la próxima semana.
El juez consideró que “no se advierte de la demanda de amparo que la menor presente algún padecimiento o complicación de salud”, lo que resulta hasta contradictorio, porque precisamente, la finalidad de una vacuna de esta naturaleza, es evitar que un ser humano presente algún padecimiento o complicación de salud.
Sin embargo, esta batalla legal aún no ha terminado. Contra la negativa del juez, se presentó un recurso, el cual ha quedado, por ahora, en manos del magistrado Guadalupe Tafoya Hernández, presidente del tercer tribunal colegiado en materias administrativa y civil en Querétaro, y a quien le corresponderá dar cause, en breve término, al reclamo de la menor, de ser vacunada.
