Según una investigación de Radio Pichincha, en menos de dos años tiempo de mandato del presidente Guillermo Lasso, el patrimonio del mando policial incrementó.
Cuatro de los 19 generales que encabezaron la represión del paro nacional suman una fortuna superior a los dos millones de dólares, por tal motivo se considera el mando policial más rico.
Radio Pichincha con la ayuda de su reportero, Andrés Durán, tuvo acceso a testimonios protegidos y a las declaraciones juramentadas de la cúpula policial, la misma que impulsó y operativizó la represión durante la reciente paralización nacional.
Las presuntas irregularidades se relacionan con sus declaraciones juramentadas, el acceso desproporcionado a créditos quirografarios del Isspol, el manejo de causas judiciales que baten récords e injusticias institucionales entre oficiales y tropa.
El número exacto de la fortuna de los generales es de USD 2 360.513. Esta cifra es la sumatoria de los jugosos patrimonios de quienes comandaron cuatro áreas estratégicas, que funcionaron activamente durante el paro nacional.
Las áreas controladas por los altos oficiales son la Comandancia General, la Subcomandancia (a cargo de toda la planificación policial), la Dirección de Investigaciones (a cargo de unidades especializadas en delito) y la Dirección de Inteligencia.
En el 2020 el patrimonio de los generales bordeó los USD 2 millones. Declararon casas, fincas, autos de alta gama, propiedades, inversiones y acciones, que incluso, no constan en los catastros públicos de los entes de control.
Fausto Salinas encabeza la lista de los generales más ricos de la institución. Su riqueza creció en un 30% en menos de año y medio. A la fecha, Salinas posee un total de nueve fincas, una casa, un departamento y una camioneta. En total, su fortuna asciende al USD 1 370.925.
A Salinas le sigue el subcomandante general, Manuel Íñiguez, que aumentó su patrimonio en un 25%. Con Lenín Moreno declaró USD 218.682 ante Contraloría, mientras que en el gobierno de Lasso su renta alcanzó los USD 273.845.
El general, Alain Luna, quien encarceló al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en el gobierno de Moreno declaró más de medio millón de dólares. Sin embargo, para 2022 su fortuna decreció un 45%, hoy tiene USD 312.702.
Aunque su patrimonio muestra una curva decreciente, existe algo novedoso en sus declaraciones. En 2017 realizó un préstamo quirografario con el Isspol por USD 25.000, la deuda fue declarada en 2020.
Para el 20 de septiembre de 2021 el general Luna recibe otro préstamo quirografario por 33.800 dólares. Fue beneficiario del crédito a pesar de no haber cancelado su primera deuda. En total, Luna recibió 58.800 dólares, superando el cupo establecido para créditos quirografarios que establece el Isspol.
Además, la Cooperativa de la Policía Nacional le entregó un crédito hipotecario por USD 120.000.
Resulta paradógica esta cifra, ya que el último informe del Banco Mundial, advierte que 1.5 de cada 100 ecuatorianos acceden a un crédito formal. Mientras que solo el 19% de los ecuatorianos en edad de trabajar, a lo largo de su vida laboral, han podido beneficiarse de un préstamo.
Otro de los personajes es el director de inteligencia, Mauro Vargas, quien declaró USD 403.492 de patrimonio en 2022. El caso de Vargas se asemeja al de Luna, su riqueza decreció por las aparentes facilidades de endeudamiento crediticio que ofrece la institución.
Con Lenín Moreno, Vargas alcanzó un patrimonio de USD 468.055. Sin embargo, durante el gobierno de Lasso su capital aumentó; en 2020 declaró seis bienes inmuebles, mientras que en 2022 alcanzó las siete propiedades.
Hoy tiene cuatro lotes, tres casas, maquinaria de trabajo y un BMW. En su última declaración advierte sobre la adquisición de un lote valorado en 36.000 dólares, en la provincia de Manabí.
Aunque su patrimonio decreció un 13%, las deudas que contrajo llaman la atención. Vargas tiene cuatro préstamos quirografarios, por un total de 64.300 dólares, superando, nuevamente, el límite de crédito establecido por el Isspol.
En el caso de Salinas solo existen declaraciones patrimoniales desde el 2019 hasta 2022. El general Luna no presentó los informes de 2016, 2018, 2019 y 2021. Mientras que Vargas tampoco cumplió en los años 2016, 2017, 2018 y 2021.
Esto, claramente, contraviene lo que manda los artículos 101, 191, 197 y 200 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop). Tanto para el ascenso, como en el caso de variaciones patrimoniales los policías están obligados a actualizar su riqueza.
La tropa y el grado operativo clama por justicia
Radio Pichincha dialogó con varios policías de diferentes ramas operativas y conoció la realidad que atraviesan. Ellos demandan jusiticia y reglas igualitarias para toda la institución.
El acceso igualitario al crédito, acortar la brecha salarias y mejorar sus condiciones de vida, son parte de las exigencias. «Cómo vamos a mejorar nuestra situación personal y familiar si los créditos son para los generales, ellos son los que controlan el Isspol», setenció una de las fuentes protegidas.
Dentro de los canales de mensajería instantánea de los policías también se habla de que la institución de seguridad social de la Policía está quebrada y no cuenta con los cimientos institucionales y financieros para sostener a sus 51.000 miembros.
De hecho, nuestros informantes, detallararon que a puerta cerrada se baraja la posibilidad de incrementar los años de aportación de la tropa. Pero no se problematiza la brecha salarial y los privilegios a lo interno de la institución.
«Deciden sobre nuestra vida y no tenemos la capacidad de opinar porque solo creen que estamos para servirles a ellos y hacer su trabajo mientras se llevan el crédito», afirma uno de los mensajes.
Dentro de la institución policial apenas el 5% son directivos y el 95% son operativos. Por las manos de la alta cúpula policial pasan las decisiones de la más alta envergadura, relacionadas con los préstamos quirografarios e hipotecarios, los escalafones salariales, los controles de inspectoría general y las causas juidiciales.
Ellos dicen «que la esperanza de vida aumentó, claro, para personas comunes y corrientes, pero el policía promedio que pasa su vida en las calles en jornadas de 12, 16 o 24 horas reduce su expectativa de vida, y también, su calidad de vejez. ¿Dónde está el estudio actuarial de eso?», exige uno de los policías.
Los generales Salinas, Íñiguez y Luna tienen un total de 71 demandas en su contra. Se trata de causas juidiciales que se relacionan con sus instituciones o su actoría policial.
E 95% de las demandas son solicitudes de acciones de protección. Pero también hay procesos por habeas data, calumnias, injurias y subjetivos.
Según Radio Pichincha solicitó la versión de los generales pero nunca obtuvo respuesta.
