Metas que no ha logrado cumplir. Las polémicas por las supuestas ventas de hospitales, los problemas por falta de medicamentos, el inicio de clases en instituciones con daños significativos y los retrasos en la lucha en contra de la desnutrición son algunas.
La corrupción en medio de la crisis sanitaria
La política de “cero tolerancia a la corrupción” ha tenido sus traspiés con las denuncias de cobros en hospitales y el déficit en medicamentos (básicos y para enfermedades catastróficas).
Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, en este tema no hay avances. Hace 6 meses entregaron a la Vicepresidencia una guía para atacar las irregularidades y una lista de proveedores fraudulentos. “La salud pública sigue atendiendo a intereses de los mismos grupos que hicieron corrupción en los gobiernos de Correa y de Moreno. Ahora se esconden bajo otros membretes y todos los conocen, pero miran a otro lado”, dice.
Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, coincide en que el combate a la corrupción debe partir de una decisión política; además, espera que no se repita el círculo de otros mandatos, “cuando las gerencias hospitalarias eran parceladas”.
El gremio insiste en el cumplimiento de la Ley Humanitaria, con la que se ofreció dar nombramientos al personal sanitario que laboró en la emergencia. Las cifras de los beneficiarios, según Tenorio, no han sido transparentadas.
Otro desafío es bajar el consumo problemático de drogas. La psiquiatra Julieta Sagñay dice que hay una “negligencia médica” en el tratamiento por la falta de áreas de desintoxicación en los hospitales y la ausencia de políticas.
Capacitación y gestión, dos pendientes a superar
El gobierno de Lasso proponía un modelo educativo inclusivo, pero sigue siendo un conflicto la sectorización para la asignación de cupos en el sistema público.
En esta nueva era educativa, la conectividad y la alimentación escolar no han llegado a la totalidad de estudiantes de la zona rural. Muchos planteles del país no han completado su planta de docentes.
También se ofrecieron programas de excelencia para las futuras generaciones de profesores y la escuela digital de capacitación, para mejorar el nivel de dominio de las tecnologías de la información, pero eso sigue pendiente.
Menos del 40% de educadores parvularios, educación básica y bachillerato poseen estudios de cuarto nivel y desde el Ministerio no se han impulsado las políticas para que los docentes incursionen en estudios de formación pedagógica, explica Juan Carlos García, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Para la educación superior, el Gobierno ofreció reformar la ley para eliminar la Senescyt y el Test Trasformar, que limitan el ingreso a las universidades.
Nada de eso se ha cumplido. La Senescyt regula el acceso de los bachilleres a las universidades públicas a través del examen selectivo Transformar. Ellos no logran ingresar porque la postulación de jóvenes es el doble de los cupos disponibles en el país.
La desnutrición avanza
Al inicio del actual Gobierno se empezó con una apuesta en contra de la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de 2 años, para reducirla del 29% al 23%, con el programa Infancia Con Futuro. Este se pretendía asegurar las condiciones de vida a madres gestantes y menores de 2 años con la entrega del Bono de los 1 000 días.
El MIES recién en este mes tiene planificado entregar los primeros bonos, pero el problema de la desnutrición todavía sigue sin cuantificarse. El MIES entregará USD 60.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recién lanzó a finales de abril la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI). Para la nutricionista Maribel Escandón, esto implicaría que recién en 2023 “se podría conocer si efectivamente hemos superado el 30% de desnutrición crónica infantil, como hablan las proyecciones, algo que nos haría retroceder 30 años”, señala.
Otra de las áreas que ha presentado problemas para la gestión social es la relación entre el MIES y las instituciones cooperantes. Según esta Cartera de Estado, en este 2022 se han invertido USD 174,9 millones para instituciones de desarrollo infantil, protección especial, gestión intergeneracional y discapacidades.
