Cifras positivas y otras negativas. El 2021 le deja al país una serie de estadísticas que pueden dar la pauta para insistir, ajustar o, de plano, cambiar en el nuevo año las estrategias que se vienen aplicando. Temas como la vacunación, el empleo, la reactivación económica y el combate a la delincuencia serán determinantes para la marcha del país en el futuro cercano.
Las cifras alentadoras se centran en el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno, desde mayo pasado, para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 que, desde la detección del primer caso, a inicios de 2020, deja más de 33 mil víctimas mortales.
El vacunómetro del Ministerio de Salud señala que el 78,38 % de la población recibió, hasta ayer, las dos dosis de alguna de las cuatro vacunas que llegaron al país. La meta del Gobierno era que hasta final del año, al menos, el 80 % o más personas tengan su esquema completo.
Una tercera dosis se tenía planificada para inicios de 2022, pero la llegada de la variante ómicron trastocó los planes y aceleró la aplicación del refuerzo adicional al que ya accedieron cerca de un millón de personas.
El infectólogo Washington Alemán reconoce que la virtud del Gobierno fue aplicar una buena estrategia en rapidez y cantidad porcentual de población vacunada, pero a partir de ahí considera que se aflojó un poco la intensidad con la que se venía inoculando, hasta que aparecieron los casos de ómicron que ahora es comunitario.
“El reto para 2022 es implementar una campaña informativa, que hasta ahora ha sido débil, que vaya dirigida a los diferentes grupos etarios y poblacionales. No pueden ser campañas planas, deben ser sectoriales para llegar a la población de forma específica y en eso nos quedan debiendo”, señaló el especialista.
La emergencia sanitaria conllevó una crisis económica y laboral de la que el país va saliendo a un ritmo menos acelerado que el de la vacunación. Según la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) a noviembre de 2021 el empleo adecuado se ubicó en el 33,7 % , es decir, 5,2 puntos porcentuales más que para el mismo mes del 2020.
A la par, el subempleo también va creciendo. La administración Lasso asumió con un 23,2 % de personas ubicadas en esa categoría y finaliza el año con 24,5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los desempleados bajaron escasos dos puntos entre mayo y noviembre.
El Gobierno cree tener la solución para este problema. A inicios de 2022 presentará a los gremios de trabajadores, empresarios y a la sociedad civil, en general, una propuesta de reforma laboral que plantea una suerte de Código de Trabajo paralelo al que se encuentra vigente que regirá para los ecuatorianos que no tienen empleo, ha dicho el Ejecutivo. Luego lo enviará a la Asamblea Nacional en donde ya se anuncia oposición a la idea.
El jefe de análisis económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Luis Naranjo, indico que aún estamos lejos de las cifras de empleo de 2019 en donde, al menos, cuatro de cada diez ecuatorianos tenía empleo.
“Una reforma que incluya nuevas formas de contratación, más cercanas a las realidades del mundo, puede ser una parte de la solución. Temo, sin embargo, que no haya comprensión del sector de los trabajadores, porque en otras ocasiones tampoco han apoyado”, señaló Naranjo.
El dirigente sindical Nelson Erazo aclara que los 290 mil puesto de trabajo que aumentaron en estos meses, según el Gobierno, no constituyen generación de empleo, sino recuperación de los 1,5 millones que se perdieron a raíz de la pandemia.
“Esto evidencia que no es necesaria una reforma laboral para precarizar las condiciones de trabajo. De todas formas, el Frente Popular entregó una propuesta para generar empleo y reactivar la economía. Las empresas deben entender que no solo ellas deben estar bien, sino el empleado gozar de una estabilidad laboral y un salario que le permita recuperar la capacidad adquisitiva”, manifestó Erazo.
Las limitadas fuentes de empleo incidieron en los índices de pobreza. En junio el INEC presentó los últimos datos al respecto: 5,2 millones de personas en Ecuador viven en situación de pobreza y de estas el 14,7 % viven en la extrema pobreza.
Se considera una persona pobre por ingresos a aquella que perciben recursos familiares mensuales de 84,71 dólares y extremadamente pobres a los que no llegan ni a los 50 dólares por mes. Antes del inicio de la pandemia, los primeros correspondían al 25 % de la población y los segundos al 8,9 %.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, le dijo a este Diario que la pobreza afecta al 34 % de la población en Ecuador. Explicó que hay varios proyectos sociales que se vienen aplicando incluyendo los bonos de asistencia social.
“Sin embargo, el presidente tiene entre sus macrometas el objetivo de disminuir en un 15 % la pobreza multidimensional rural (en cuatro años). Nosotros contribuiremos un 0,4 % con emprendimientos, créditos de desarrollo humano y ferias del encuentro. El MIES aportará con un 6,2 % de gente capacitada para entrar en un proceso de empleabilidad. La mayor oferta para derrotar la pobreza es con inversión y la generación de empleo”, aseguró el funcionario.
Otra realidad que deja cifras impactantes por la pandemia es la de la deserción escolar. No hay cifras definitivas, pero la ministra de Educación, María Brown, tasó en noviembre pasado que unos 150 mil niños y adolescentes pudieron haber dejado el sistema educativo a causa de la crisis.
Las razones son variadas, desde la falta de recursos económicos y tecnológicos, así como una deficiente conectividad para acceder al nuevo formato de clases virtuales que impuso la pandemia. El Gobierno pasado reconocía que en el sector rural apenas un 16,6% de hogares contaba con conectividad a internet y el 70 % de estudiantes a nivel nacional había tenido problemas de conectividad.
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Por eso, organismos como Unicef abogan por el retorno a las clases presenciales, pese a la llegada de la variante ómicron. A inicios de este mes, esta organización lamentó la decisión ecuatoriana de frenar el retorno presencial a clases ya que un reciente sondeo llevado a cabo por el Fondo para la Infancia de la ONU, señala que el 70 % de los hogares con niños, niñas y adolescentes que están en clases presenciales en Ecuador sostuvo que la reapertura ha sido positiva o altamente positiva.
La crisis económica también va reflejando una ruptura en el tejido social generando, entre otras consecuencias, un incremento de la violencia, especialmente de las muertes violentas. La tasa de homicidios hasta el 27 de diciembre pasado se ubicó en 13,7 muertes por cada 100.000 habitantes.
Gran parte de esta ola de violencia y asesinatos, muchos casos bajo la modalidad de sicariato, están relacionadas, según la policía, con el tráfico interno y externo de drogas cuyas incautaciones marcan este año un cifra récord con un aumento sobre el 70 % con relación a 2020 (ver gráfico).
A inicios de septiembre Estados Unidos incluyó a Ecuador en una lista de 22 países de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas a escala mundial. Aunque aclaró que esta inclusión no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas del Gobierno ecuatoriano ni del nivel de cooperación entre ambas naciones. La administración Lasso asegura que declaró una guerra contra el narcotráfico.
Todo este panorama desembocó en otro fenómeno que parecía superado en el país: la migración legal e ilegal. Ahí las cifras son variables. A inicios de septiembre de este año, el canciller Mauricio Montalvo informó que en los primeros diez meses de este año de los 111.674 ecuatorianos que viajaron a México solo 42.591 retornaron.
Esto hizo que ese país imponga la presentación de una visa a los compatriotas para su ingreso. También, se conoció que entre enero y julio de 2021 las patrullas migratorias de los Estados Unidos detuvieron a algo más de 60.000 ecuatorianos que intentaron ingresar a ese territorio.
