El juez constitucional, Manuel Peña Estupiñán, dio paso al recurso de Habeas Corpus presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Durante el actual conflicto armado interno en Ecuador, el juez constitucional Manuel Peña Estupiñán dictaminó que las Fuerzas Armadas habrían violado los derechos de los reclusos en las prisiones del país.
La organización Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles informó, a través de un comunicado en la red social X, que el juez declaró al Estado como responsable por acción y omisión en el caso de los derechos vulnerados de los presos durante el conflicto armado interno en Ecuador. Esta sentencia es el resultado de una acción de Habeas Corpus correctivo presentada el 30 de enero de 2024 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en apoyo a siete reclusos a quienes se les habría negado el acceso a medicamentos. El comunicado resume la situación señalando que la acción se basa en que las Fuerzas Armadas habrían cometido maltratos, presumiblemente calificables como tortura, contra personas privadas de libertad, y que el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no estaría cumpliendo su competencia de gestionar los centros penitenciarios.
De acuerdo con el colectivo, sus miembros planean ejercer presión mediante medios legales para asegurar que las Fuerzas Armadas cumplan con las instrucciones del juez, que son las siguientes:
Atención médica ininterrumpida a los presos.
Seguimiento a la salud mental de las personas detenidas.
La Defensoría del Pueblo deberá investigar, en 45 días, las supuestas torturas.
Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
El SNAI deberá entregar colchonetas, acceso a electricidad, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal, de manera directa.
