Mientras los afiliados enfrentan la escasez de medicamentos y especialistas, la clase política sigue dando largas a una crisis que amenaza la salud de millones en el IESS.
EDITORIAL
En cada conversación de sala de espera, en cada farmacia sin insumos y en cada consulta postergada por falta de especialistas, se escucha un mismo clamor: el IESS no da más. No hace falta ser economista ni médico para darse cuenta de que la seguridad social en el Ecuador se encuentra atravesando una de sus crisis más profundas. Pero lo más doloroso no son los titulares, sino los rostros de miles de afiliados —personas de carne y hueso— que llevan años aportando con la esperanza de que, cuando más lo necesiten, el sistema les devuelva algo de tranquilidad. Hoy, esa esperanza se desvanece con cada receta no surtida.
La falta de medicamentos es quizá uno de los símbolos más claros del abandono. ¿Cómo puede una institución que representa la salud pública de millones quedarse sin los insumos básicos? No hablamos de productos exóticos, sino de tratamientos para enfermedades comunes y crónicas que no pueden esperar. Las familias, sobre todo las más vulnerables, se ven obligadas a costear medicamentos por su cuenta o a emprender batallas legales para obtener lo que por derecho les corresponde. No se puede normalizar que un paciente tenga que mendigar atención en un sistema que ha financiado con sus aportes durante décadas.
La escasez de médicos especialistas agrava aún más esta realidad. No hay traumatólogos, cardiólogos ni oncólogos suficientes. Hay pacientes que deben esperar meses para una cita. ¿Y si su enfermedad no puede esperar? ¿Y si cada día cuenta? Los profesionales de la salud hacen lo que pueden con lo que tienen, pero están desbordados, mal pagados y muchas veces maltratados por una burocracia ineficiente. No se trata solo de falta de especialistas: se trata de una estructura sanitaria que colapsa mientras los discursos políticos siguen alejados de la verdad.
El problema de fondo es financiero, pero también ético. No se trata únicamente de la falta de recursos, sino de la mala gestión histórica, de la corrupción solapada y de la indiferencia institucionalizada. Lo más grave es que este deterioro no es reciente: se ha venido gestando durante años bajo la mirada complaciente —cuando no cómplice— de quienes deberían haber actuado con responsabilidad. No podemos seguir aceptando excusas técnicas o promesas vacías. Los afiliados no quieren discursos, quieren soluciones.
Y aquí viene el llamado: no es solo el gobierno de turno quien debe responder, sino toda la clase política que ha pasado por los pasillos del poder sin asumir compromisos reales con la salud pública. El IESS no puede seguir siendo botín político ni caja chica de campañas. Es hora de que se respete a los ciudadanos que confían sus vidas a este sistema. Porque detrás de cada expediente hay un nombre, una familia, un drama. Y porque no hay derecho más humano que el de recibir atención médica digna cuando se la necesita.
