Los miembros de las fuerzas del orden, como policías y militares, pueden enfrentar una sanción de hasta 13 años de cárcel por hacer un uso excesivo de la fuerza. Así lo establece actualmente el artículo 293 de Código Integral Penal.
El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público menciona que los uniformados pueden hacen un “uso progresivo de la fuerza” cuando ocurre un ataque o una agresión, es decir, pueden utilizar la misma cantidad de fuerza que emplea el agresor.
Sin embargo, en esa misma normativa se menciona que deben “privilegiar un proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza, procurando siempre preservar la vida, integridad y libertad de las personas”.
Además, el artículo 120, numeral 27, de esa ley menciona que se considera una falta grave “hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas”. En esos casos, los policías enfrentarían también procesos disciplinarios.
Frente a ese escenario, el Gobierno de Ecuador anunció que promulgará un nuevo proyecto de ley para garantizar que policías y militares recurran al uso progresivo de la fuerza para defender a la ciudadanía y mantener el control del sistema carcelario.
Ese anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso, la noche del lunes 15 de noviembre del 2021. “Este documento legal contendrá normas para el uso progresivo de la fuerza”, detalló.
La idea del Primer Mandatario es que los uniformados puedan enfrentar a la delincuencia sin temor de ser sometidos a procesos penales.
De hecho, el 18 de octubre del 2021, el presidente Lasso anunció además que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combaten a la delincuencia.
Esta unidad se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía y de las FF.AA. que sean demandados por el ejercicio de sus funciones. “Actúen señores integrantes de las fuerzas del orden. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”, agregó.
El experto en Seguridad, Daniel Pérez, considera que generalmente los policías que utilizan su arma de fuego, terminan enfrentando procesos penales. “El argumento es que, al disparar contra una persona, el uniformado ha violentado sus derechos humanos, pero no se valora el contexto de cómo sucedieron los hechos”.
Para Pérez, la propuesta de ley del Gobierno busca dotar a la Policía y Fuerzas Armadas “de un instrumento que los resguarde legalmente para no ser judicializados cuando enfrentan a la delincuencia”.
Además, el analista asegura que actualmente “no existe un reglamento que establezca con claridad cómo debe emplearse el uso progresivo de la fuerza y las circunstancias en las que los uniformados pueden utilizar o no sus armas de fuego”.
El penalista Gabriel Ponce también coincide que es necesario este proyecto de ley para que los policías y militares puedan “ejercer los mecanismos de defensa para mantener el orden social a través de los instrumentos que el Estado les ha proporcionado.
“Al usar sus armas están haciendo uso de las facultades legales que ellos tienen en la sociedad para enfrentar a la inseguridad. Eso no debe conllevar a una sanción penal”, añadió el penalista.
Por ejemplo, el 1 de octubre del 2021, un policía fue llamado a juicio por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
El gendarme fue acusado de ese delito por disparar y provocar la muerte de dos sospechosos de un robo, en el barrio San Miguel de Tapi, en Riobamba.
El hecho ocurrió el 11 de junio del 2021 durante una persecución policial. El uniformado habría utilizado su arma de dotación y disparado a los sospechosos, quienes fallecieron por las heridas de los impactos de bala.
