El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el estado de excepción en tres provincias del país que debe regir desde las 00:00 del sábado 30 de abril del 2022. La ola de violencia en el país obliga al Ejecutivo a tomar medidas.
El estado excepción se aplicará en Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esos son territorios en los que la delincuencia organizada y transnacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, ha logrado imponerse a costa de violencia y delitos.
Una decisión especial es que se impondrá un toque de queda, que regirá desde las 23:00 hasta las 05:00 en la ciudad de Esmeraldas; así como en las parroquias Eloy Alfaro del cantón Durán; y Ximena y Pascuales de Guayaquil. La medida tendrá una duración de 60 días.
El Gobierno desplegará un total de 4 000 oficiales de Policía y 5 000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Estos serán desplegados en el territorio de Guayas, Manabí y Esmeraldas para lograr la paz y el orden.
La estrategia del Ejecutivo se enmarca en los cambios realizados al interior del Gabinete ministerial. Por un lado, la escisión del Ministerio de Gobierno en uno que llevará el mismo nombre y que tendrá a su cargo los temas políticos, y uno nuevo, el del Interior, que está dedicado únicamente a la seguridad interna con la Policía Nacional a cargo.
El Ministerio del Interior está encabezado por el General Patricio Carrillo, oficial de la Policía con experiencia en estrategias de seguridad. Él tiene a su cargo los planes para combatir a la delincuencia con 4 efectivos en esta zona.
La llegada de los militares en las calles será liderada por Luis Lara, el flamante ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Hernández, quien estuvo en esa posición hasta el pasado martes.
El cambio de estrategias está enmarcado en una crisis de gabinete que en dos días hizo que el Gobierno cambiara a cuatro ministros: Defensa, Derechos Humanos (que elabora las políticas carcelarias), Agricultura y Energía. Esto sucedió a menos de un mes de que Lasso cumpla un año en el poder.
En una entrevista realizada en radio I.99, de Guayaquil, el secretario de la Administración, Iván Correa, aseguró que “El presidente va a actuar con todo el peso que le da la ley, pero también la justicia debe actuar y la Asamblea Nacional también”. Con eso se anticipaba el endurecimiento de las acciones de la administración Lasso.
En la 151 Asamblea Plenaria de los Obispos de la Iglesia Católica de Ecuador se expidió un documento en el que se expresa su preocupación por lo que identificaron como una creciente ola de pobreza, violencia e inseguridad “que nos llena de luto y dolor, y genera un ambiente de miedo y desconfianza”.
Las acciones del Gobierno deben estar enmarcadas en un Decreto Ejecutivo que movilizará a las fuerzas del orden. Aun así, deberán ser validadas por la Corte Constitucional, organismo que ya ha advertido a este y al anterior Gobierno sobre los límites de implementar estados de excepción, por sus consecuencias a las garantías constitucionales de libertades individuales, de información, movilización y reunión.
