Los sindicalistas rechazan las leyes aprobadas y otras planteadas por el Gobierno. Dirigentes de varias organizaciones sindicales, que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), ratificaron este martes 22 de marzo del 2022 la convocatoria a la movilización nacional para este miércoles 23.
La concentración será en los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito, desde las 16:00. Otro punto de concentración será en el parque Centenario, en Guayaquil, a la misma hora.
La jornada de movilización, según los dirigentes, será para expresar su rechazo en contra de la venta del Banco del Pacífico, de la corrupción y de las concesiones, que para los trabajadores significan “privatizaciones”.
La defensa del Seguro Social y la exigencia de un trabajo digno, son otras de sus prioridades.
Edwin Bedoya, presidente del FUT de Pichincha, cuestionó que las leyes que se discuten en la Asamblea Nacional como el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, planteada por el Ejecutivo, “van a acabar con el presupuesto del estado para los sectores sociales y van a terminar privatizando las áreas estratégicas”.
En este contexto, la movilización es necesaria, dijo Bedoya. “Hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano para que este 23 de marzo salgamos a las calles, a decirle al Gobierno que no podemos vender el patrimonio del Estado, que es garantía para el futuro de nuestros hijos”, convocó.
Raúl Yánez, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, tampoco está de acuerdo con el mencionado proyecto de Ley, en particular con el artículo 217.
El articulado plantea que, para financiar a la Contraloría General del Estado, “se transferirán obligatoriamente al Presupuesto General del Estado, el cinco por mil de los ingresos presupuestados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Seguridad Social, Entidades Financieras Públicas (…)”.
“El IESS se vuelve no solo caja chica de los diferentes Gobiernos, sino caja grande para la corrupción”, cuestionó Yánez, para quien la solución son las movilizaciones en las calles.
Gabriel García, dirigente de la Asociación de Trabajadores Petroleros, considera que el Gobierno intenta disfrazar las privatizaciones. Exigió que se eliminen los Decretos 238 y 239.
Según el Gobierno, esos Decretos, destinados a regular el sector eléctrico, se expidieron para “consolidar un sector eficiente, competitivo, sostenible, ambientalmente responsable, basado en la innovación, que garantice la seguridad jurídica y potencie la inversión privada”.
Pero García cree que con esas políticas “lo que intentan es subir las tarifas eléctricas y sería un golpe más al bolsillo de los ecuatorianos”.
José Chusín, representante de los trabajadores municipales de Quito, expresó que la movilización se sustenta en el artículo 98 de la Constitución.
Dicho artículo establece que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
