Aracely Correa, María Guamán y Sandra Vaca son parte de los cientos de profesionales que desde hace más 10 meses no reciben su salario por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Las tres profesionales trabajan en la Fundación Alas de Colibrí, que es una organización que coopera con el Estado y se encarga de dar atención a grupos prioritarios y vulnerables, a través de convenios interinstitucionales.
La organización atiende a adolescentes víctimas de trata y a migrantes en situación de vulnerabilidad en Quito e Ibarra, señaló Daniel Rueda, presidente de la Fundación.
La organización acoge desde hace más de 10 años a víctimas de la trata de personas. La sede de esta institución, ubicada en el norte de Quito, tiene capacidad para atender a 15 adolescentes. En el lugar permanecen desde dos semanas hasta seis meses, según el caso. Cada año la fundación acoge a más de 35 víctimas de este delito.
La atención incluye vivienda, alimentación, salud, educación, vestimenta, acompañamiento psicológico. Además, “se trabaja con las familias para hacer una reinserción familiar y que las adolescentes puedan continuar con su proyecto de vida, siempre que la familia no sea la agresora”, agregó Rueda.
Las jóvenes llegan a este sitio después de que una autoridad las declara vulnerables y les asigna una casa de acogida.
En movilidad humana, la organización atiende a 500 migrantes y sus familias que están en situación de vulnerabilidad, dijo María Guamán, coordinadora del proyecto.
Por ejemplo, Miguel Gómez llegó al país desde Venezuela con su esposa y sus tres hijos menores de edad, hace un año, en medio de la pandemia.
“La primera atención que recibimos de la Fundación fue médica, nos ayudaron para un primer arriendo y con los útiles escolares para los chicos”, contó Gómez.
La trabajadora social de este programa es Aracely Correa. Ella hizo todas las gestiones para que la familia de Gómez reciba la atención que necesitaba, pero ella misma pasa carencias por no recibir su salario. “No he podido pagar la pensión del colegio de mi hija por tres meses”, dijo.
Según los convenios de cooperación con el MIES, el Estado debe encargarse de la alimentación de las víctimas en casas de acogida y del pago a los profesionales que trabajan en estas organizaciones, pero en nueve meses de este año, la Cartera no ha desembolsado el dinero correspondiente.
Según el Ministerio de Finanzas, hasta septiembre de este año se ha entregado USD 1 191,22 millones al MIES para la atención a personas en situación de vulnerabilidad, tanto para centros propios como para fundaciones. La cifra representa el 79,07% de lo presupuestado en este 2021 para este rubro, señaló la Cartera.
Pero los recursos no llegan a las organizaciones para solventar los gastos, por ejemplo, la Fundación Alas de Colibrí ha realizado autogestión y hasta se ha endeudado para que las adolescentes de la casa de acogida no sean víctimas de otra vulneración de sus derechos, es decir, que no les falte alimento, vestido, salud y educación, señaló Sandra Vaca, coordinadora del programa.
Esta no es la única fundación que pasa por estas dificultades.
Cuarenta y ocho fundaciones, que son parte de la Red de Organizaciones Cooperantes de Quito, atienden a 18 333 personas en situación de vulnerabilidad bajo 160 programas. Esas instituciones deben recibir las asignaciones estatales en dos partes (en enero y julio) para operar todo el año, explica Patricio Raza, vocero del grupo. Pero aunque esas instituciones esperaban USD 20 millones en este año, solo han recibido 9 millones, indicó.
La atención a personas vulnerables es responsabilidad del Estado. El artículo 35 de la Constitución establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o personas con discapacidad recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado.
Ese mismo acápite dice: “La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.
Para brindar esta atención, el Estado, a través del MIES, hace convenios anuales con organizaciones, fundaciones, gobiernos locales y otras instituciones. Pero este año, la Cartera ha demorado entre 6 y 10 meses para firmar los convenios y, por ende, hay los retrasos en los desembolsos, señaló Rueda.
Pero el problema no es de ahora, sino que viene acarreándose desde años atrás, señaló Johnny Espinosa, director del Centro del Muchacho Trabajador, “siempre hay demoras de 3 o 4 meses, pero ahora ya vamos por el noveno mes”, dijo.
El 1 de octubre del 2021, trabajadores de las fundaciones hicieron un plantón en la Plataforma Gubernamental del Sur, para reclamar la falta de atención del MIES.
El ministro de la Cartera, Esteban Bernal, posesionado a mediados de septiembre, los atendió.
Raza señaló que el Ministro se comprometió a dar solución a esta situación en las próximas semanas y delegó a uno de sus asesores para que atienda la problemática.
Este Diario pidió al MIES un pronunciamiento sobre la falta de pago, pero la Cartera respondió que “cuando las nuevas autoridades estén al tanto de los pormenores del problema” darían una entrevista.
Mientras tanto, Aracely, María y Sandra seguirán haciendo su mejor esfuerzo para atender a la población más necesitada y esperando que pronto les llegue su salario.
