La Audiencia Nacional exige garantías sobre los derechos humanos en las cárceles ecuatorianas antes de entregar al presunto líder de Los Tiguerones.
La justicia española ha aprobado la extradición de William Joffre Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, presunto cabecilla del grupo criminal ecuatoriano Los Tiguerones. Sin embargo, la entrega a las autoridades ecuatorianas está condicionada a que el Estado adopte, en un plazo de tres meses, medidas concretas para garantizar la vida y la integridad de los reclusos, conforme a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
España también ha solicitado información verificable sobre la situación en los centros penitenciarios de Ecuador. La Audiencia Nacional exige que estas instituciones cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como condición para concretar la extradición.
Esta no es la primera vez que el sistema judicial español plantea dudas sobre el estado de las cárceles ecuatorianas. En un proceso previo contra el mismo acusado, ya se advirtió sobre las deficiencias estructurales del sistema carcelario y los riesgos reales para los derechos fundamentales de los detenidos.
Alcívar es requerido por su presunta participación en la toma violenta del canal TC Televisión, ocurrida en Guayaquil el 9 de enero de 2024. Durante ese ataque, un grupo armado ingresó al edificio en plena transmisión en vivo, amenazó al personal con explosivos y forzó a un presentador a suplicar de rodillas mientras le colocaban explosivos en el cuerpo. Este hecho se produjo en el marco de un conflicto interno declarado por el Gobierno ecuatoriano ante el avance del crimen organizado.
La Audiencia Nacional desestimó los argumentos de la defensa de Alcívar, quien alegó que su vida correría peligro en Ecuador. Los jueces reconocieron las condiciones críticas del sistema penitenciario, pero consideraron que el delito encaja en la tipificación de terrorismo, tanto en la legislación ecuatoriana como en la española. La decisión abre un nuevo capítulo en la cooperación judicial internacional, marcada por la tensión entre la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos.
