Es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que hace más de dos décadas se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia. La Justicia salvadoreña ha condenado a 50 años de cárcel a una joven que sufrió a los 19 años un aborto, un hito sin precedentes en el país centroamericano.
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando Lesli acudió a la letrina sin saber que había comenzado el trabajo de parto. «Sentí que algo me salía», cuenta la joven, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que ha asegurado que Lesli desconocía lo que estaba ocurriendo.
Tras pedir ayuda, familiares y vecinos llamaron a la Policía y la joven fue primero al hospital y luego a la cárcel. De hecho, no pudo asistir a la primera vista -en la que se dictó prisión provisional- porque aún arrastraba problemas médicos derivados de la «emergencia obstétrica», explicó la Agrupación.
El proceso concluyó en primera instancia el 29 de junio, con una condena de 50 años de prisión. La organización ha anunciado que apelará y ha cuestionado el proceso en sí, señalando por ejemplo que el juez haya incluido entre sus argumentos que «las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue».
Asimismo, ha lamentado que no se tuviesen en cuenta algunas de las pruebas presentadas por la defensa y que aluden, por ejemplo, a las circunstancias familiares de la joven, la tercera de siete hermanos en una familia que vive en la extrema pobreza y sin acceso a recursos educativos.
«Hemos tratado de cerrar la página de la triste historia de El Salvador que condena injustamente a mujeres empobrecidas por emergencias obstétricas, pero el estado salvadoreño, una vez más, continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse», ha lamentado la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera.
El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo para el aborto, de tal forma que en numerosas ocasiones la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, deriva en acusaciones por homicidio. El Gobierno de Nayib Bukele no tiene previsto introducir cambios a corto plazo en la legislación.
