El Gobierno Nacional anunció este miércoles 22 de diciembre de 2021 que antes de terminar el año dará una respuesta sobre la congelación del precio de los combustibles decretado en octubre y que aún intenta negociar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Así lo informó el portavoz de la Presidencia, Carlos Jijón, en rueda de prensa. “El anuncio se lo hará en los próximos días. El Gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja del precio de los combustibles, tal como lo había planteado la Conaie. Por cada 10 centavos que se rebajen de los combustibles significan 100 millones de dólares de costo”, señaló.
La demora en este pronunciamiento, según Jijón, se debe al aparecimiento de nuevas contingencias que le demandan al Gobierno la inyección de recursos importantes.
Jijón aseguró además que el diálogo con la Conaie continúa abierto, pese a sus anuncios de posibles protestas sociales en enero, tras un parón de dos meses.
“El diálogo está abierto con todas las organizaciones sociales”, aseguró el portavoz al ratificar que “al mismo tiempo el Gobierno sabe que tiene que tomar las medidas necesarias para favorecer a la mayoría”.
El precio de los combustibles, así como el aún alto índice de pobreza ocasionado por la pandemia, son los argumentos esgrimidos en los últimos meses por la Conaie y otras organizaciones sociales para justificar sus protestas contra el Ejecutivo de Guillermo Lasso, que llegó al poder en mayo de este 2021.
En octubre, con la intención de calmar los ánimos frente a los continuos incrementos de este producto, Lasso congeló los precios de la gasolina de forma temporal, pero lo hizo por encima de las demandas de las organizaciones sociales.
En la última ronda de diálogo con la Conaie, el 10 de noviembre, el Ejecutivo se había comprometido a dar una respuesta sobre las nuevas tarifas hasta el 1 de diciembre.
Ante la falta de respuesta del Presidente, los movimientos sociales han convocado a movilizaciones en enero, de la misma forma que ya hicieron a finales de octubre, cuando marcharon por las calles de Quito y bloquearon algunas carreteras nacionales, en todos los casos sin consecuencias mayores.
Jijón insistió en que el Ejecutivo busca “cumplir sus promesas” y refrendó el derecho a la manifestación, pero insistió en que “el Gobierno no va a permitir que se falte el respeto a los demás, que se agreda, ataque, golpee o se quemen edificios”, en alusión al paro de octubre de 2019 contra el anterior mandatario Lenín Moreno, también por el precio de los combustibles.
La posibilidad de retomar las protestas populares avanza en medio de nuevos intercambios verbales entre Lasso y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, después de que este último amenazara con aplicar la justicia indígena a legisladores del movimiento Pachakutik (brazo político de esa organización) por su proximidad con el Gobierno.
El mandatario ecuatoriano calificó al líder indígena de “anarquista” y lo describió como “eficiente en incendiar edificios públicos y promover el secuestro de periodistas y policías”, por diversos hechos de violencia ocurridos en las protestas de 2019.
