La norma, aprobada por la Asamblea, desata tensiones por artículos que regulan despidos y al sector financiero; la CC escucha a más de 100 citados.
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador instaló este miércoles 27 de agosto la audiencia pública sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional. La normativa acumula 26 demandas de inconstitucionalidad, lo que convierte a este proceso en uno de los más controvertidos del actual periodo legislativo.
La sesión, que se desarrolla de manera telemática desde las 10:00, reúne a los demandantes que cuestionan la legalidad de varios artículos. Entre ellos figuran la Unión Nacional de Educadores (UNE), sindicatos municipales, gremios médicos y asociaciones del sistema financiero popular y solidario. Todos alegan que la ley vulnera derechos constitucionales y habilita la posibilidad de despidos arbitrarios.
Del lado del oficialismo, los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea defienden la normativa, asegurando que responde a una necesidad de modernización del sector público y fortalecimiento institucional. El magistrado ponente, José Luis Terán, notificó a más de 100 actores para intervenir en la audiencia, incluidos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado y el Ejecutivo.
Los artículos más impugnados son los relacionados con la regulación del despido intempestivo, la evaluación de funcionarios públicos y una disposición transitoria que obliga a la Junta Financiera a determinar qué cooperativas deben transformarse en bancos. Por ahora, esa transitoria permanece suspendida hasta que la Corte emita su fallo definitivo.
Cabe recordar que la Ley nació como una reforma a la contratación pública, pero en el camino terminó incorporando modificaciones penales, laborales, judiciales y financieras. Ese alcance encendió las calles con protestas en varias ciudades, donde distintos gremios exigieron la derogatoria de la normativa. En respuesta, Noboa acusó a la Corte de frenar su plan de seguridad y promovió un referéndum que busca habilitar juicios políticos contra los jueces.
La polémica también trascendió el plano internacional. La relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Statterthwaite, advirtió que los intentos de debilitar la Corte Constitucional ponen en riesgo la autonomía del sistema de justicia. Tras esta causa, el tribunal deberá abordar el análisis de la Ley de Inteligencia, cuya audiencia está prevista para el próximo 1 de septiembre.
