Por unanimidad, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió la tarde de día de ayer, viernes 15 de marzo de 2024, suspender de sus funciones a siete jueces y a un servidor administrativo judicial, de la provincia del Guayas.
Los sancionados son sospechosos de haber participado en el delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga.
La medida, que contó con el apoyo de los actuales cuatro integrantes del Pleno del CJ, Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y Álvaro Román (presidente), implica la suspensión de sus funciones y de sus remuneraciones
Según un comunicado oficial del CJ, los ocho funcionarios que son investigados por la Fiscalía, fueron sancionados “por faltas gravísimas, con base en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Esto es: solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial, en el servicio que le corresponde prestar”
También se aplicó el artículo 108.13; es decir, “usar en beneficio propio o de un tercero, la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña”.
Los sancionados son:
- María Fabiola Gallardo, jueza de la sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
- Johann Gustavo Marfetán, juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario.
- Nelson Macías Ponce, juez de la sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia.
- Alberto Lino Tumbaco, juez de la sala de lo Civil de la Corte Provincial.
- Henry Tailor Terán, juez de la sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
- Guillermo Valarezo, juez de la sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
- Reinaldo Cevallos Cercado, juez de la sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
- Saúl Mera Zambrano, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente en Samborondón.
Por el denominado caso Purga, 12 personas son procesadas. El pasado 5 de marzo, juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para nueve, medidas alternativas para dos, y para uno, arresto domiciliario por ser de la tercera edad.
Además, todos no podrán enajenar bienes y tendrán sus cuentas bancarias congeladas. La instrucción fiscal durará 90 días, contados desde el 5 de marzo. (I)
