Ahí se alojará el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a la Primera Dama, María de Lourdes Alcívar. También residirá en el predio la menor de sus cinco hijos.
Antes de la mudanza, el Mandatario dispuso realizar adecuaciones en la residencia por tres razones: seguridad para quienes laboran y habitan en la institución; recuperar el valor patrimonial, histórico y arquitectónico del edificio; y devolverle a la Presidencia, “el estatus que merece la casa matriz de la Función Ejecutiva”.
Estos trabajos se suman a una larga lista de intervenciones que se han efectuado en ese inmueble patrimonial, durante la época colonial y también en la vida republicana.
Según la Secretaría General de la Presidencia, cuando Lasso inició su gestión se identificaron riesgos en el edificio “que pueden afectar a la vida y actividades” de los funcionarios de la Casa de Gobierno.
Esa dependencia respondió a través de un correo electrónico que la intervención responde “tanto a la negligencia de gestiones anteriores, como a las acciones realizadas de manera tardía”.
¿Qué trabajos se realizan? Desde el 21 de junio pasado se efectúan mejoras en la infraestructura de pisos, paredes, plomería y electricidad. Igual se trabaja en la reposición de objetos en mal estado.
Además, se han optimizado espacios en el complejo para que sean usados de manera adecuada por quienes trabajan en la Presidencia.
El costo de las adecuaciones bordea los USD 800 000 y será asumido por Lasso.
Juan Carlos Mafla, subsecretario de Patrimonio, aseguró que también se realiza el cambio de instalaciones eléctricas y del sistema de circuito cerrado de cámaras de vigilancia.
En septiembre del 2017 el expresidente Lenín Moreno reveló que miembros de Seguridad Presidencial hallaron una cámara oculta que supuestamente grababa las reuniones en su despacho.
Mafla dijo que la puerta de acceso a la residencia presidencial es blindada y tiene códigos de seguridad que deben ser actualizados para garantizar la seguridad de Lasso.
Actualmente, el Mandatario reside en un hotel del centro-norte de la capital.
El historiador Alfonso Ortiz Crespo relató que la sede del Gobierno ha tenido varias modificaciones. Precisó, por ejemplo, que el edificio colonial, del que se hereda el nombre por el Barón de Carondelet, fue derrocado y se construyó uno nuevo.
En 1842 el expresidente Juan José Flores colocó los frontones y columnas características del estilo neoclásico.
Con Gabriel García Moreno en el poder, en 1865, el edificio no solo alojó a la Presidencia, sino también al Congreso.
Esa dinámica se mantuvo hasta cerca de 1958, cuando el expresidente Camilo Ponce Enríquez decretó una serie de cambios, que incluyó el derrocamiento de todo el interior del Palacio, conservando solo la fachada neoclásica que se mantiene hasta estos días.
Ahí se construyó una nueva estructura interna de hormigón armado. Además, se incorporó la Residencia Presidencial. “En definitiva, la fachada se mantuvo y el interior se reconstruyó”, apuntó.
La residencia presidencial, según Ortiz, suele ser decorada con muebles y obras que son propiedad del Estado.
Al ser un inmueble patrimonial el historiador cree que para efectuar adecuaciones se debió contar con el permiso del Municipio de Quito.
El artículo 73 de la Ley de Cultura establece que las solicitudes de conservación, restauración, rehabilitación y refuncionalización de edificaciones patrimoniales se tramitarán ante el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) competente.
“Ha habido un descuido, porque se cree que el Palacio es del inquilino de turno”, dijo.
Mafla, al respecto, mencionó que las adecuaciones no se configuran en restauración, rehabilitación ni refuncionalización por lo que “no están yendo en contra de la Ley”.
Según la Secretaría General de la Presidencia, no se aplica lo dispuesto en la norma, ya que las adecuaciones no implican trabajos agresivos que alteren su tipología funcional, su morfología o su volumetría.
Se indica que “la seguridad del Palacio es de suma importancia por la protección que deben tener las autoridades del país”, tal como lo dispone el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
Mafla cree que si los planos de las adecuaciones caen en manos equivocadas “se volvería vulnerable la seguridad del Presidente de la República”.
