Las operaciones a las que irán destinadas tienen como objetivo fortalecer las finanzas públicas, reactivar la economía y mejorar los servicios de salud, agua y saneamiento, y transporte.
Asimismo, se espera que estos fondos contribuyan a mejorar la resiliencia ante desastres naturales, la seguridad alimentaria, el clima de negocios y la conectividad en zonas rurales, entre otros ámbitos, informó el BID en un comunicado.
Dentro de este paquete de ayudas hay dos préstamos para Argentina por un total de 500 millones. El primero busca financiar el acceso a servicios salud pública para la población de la Provincia de Buenos Aires, y el segundo para mejorar la seguridad de las redes viales de la misma zona.
El préstamo para Ecuador se eleva a 400 millones y servirá para financiar un programa para fortalecer el marco institucional y regulatorio para mejorar el clima de negocios, fomentar el comercio internacional y mejorar la estabilidad financiera y el acceso al financiamiento.
Para Brasil se aprobó un préstamo por 80 millones de dólares para mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento en Manaos, así como para proyectos de urbanización, transformación digital e inclusión de género y diversidad.
Para Haití, el BID ha planeado una financiación no reembolsable por 60 millones de dólares que mejorará la seguridad alimentaria de los hogares rurales, incluidos agricultores, pescadores, comerciantes de productos del mar y trabajadores rurales del país, mediante la promoción de la productividad rural y la conectividad a los mercados.
Este proyecto proyecto será cofinanciado con 18,3 millones del Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria.
En el caso de Honduras, el crédito de 400 millones ayudará a afrontar desastres naturales y de salud pública y permitirá amortiguar el impacto que un desastre natural o un evento de salud severo o catastrófico pueda tener sobre las finanzas públicas.
Finalmente, el BID aprobó dos préstamos para Uruguay por un total de 210 millones. El primero, de 145 millones para impulsar la recuperación económica y fiscal pospandemia, con medidas para la protección del ingreso de los hogares vulnerables y el incremento de la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El segundo préstamo para Uruguay, de 65 millones, se destinará a invertir en la rehabilitación de diferentes tramos viales.
