Lo afirma la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA) de la Policía Nacional sobre la ‘Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en el Ecuador 2019- 2022’, que la banda narco delictiva los Tiguerones ha “logrado penetrar en instituciones del Estado como el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Policía Nacional, FF. AA. y Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Bandas delictivas han penetrado en instituciones del estado.

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En el documento, que se hizo público este 17 de julio de 2023, en un evento en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas en Quito, no se especifica detalles adicionales sobre la filtración en las entidades públicas, pero particulariza que su alcance se evidenció con un futbolista del Barcelona Sporting Club a quien, según las investigaciones, el ciudadano en mención era quien recibía información para ordenar varios sicariatos.

La organización criminal apareció en 2017, como un brazo armado de los Choneros. Sus actividades se concentran en el Distrito Nueva Prosperina, y tienen mayor presencia en Guayas, Esmeraldas y Manabí.

La alianza Tiguerones, Lobos y Chonekiller contaba con el financiamiento de Leandro Norero (+) para fortalecer sus operaciones e incrementar el desplazamiento a varias zonas y subzonas del Ecuador. En la actualidad tiene el mayor despliegue criminal a escala nacional, reseña el documento de la DNA de 116 páginas, que fue elaborado con el apoyo técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Modus operandi

En el documento se añade que el modus operandi de los Tiguerones se identifica por la utilización de prendas policiales, agentes de tránsito y falsificación de identidad de funcionarios de entidades públicas para poder insertarse en los territorios y eliminar a sus objetivos, mediante el empleo de violencia desmedida con armas largas de fuego.

Los  Tiguerones mantienen una disputa con los Choneros; la organización más antigua que surgió en la provincia de Manabí en 1998 y fue encabezada por Jorge Veliz, alias ‘Chonero’. Con su asesinato en 2007 asumió Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, asesinado en 2020.

Según la Dirección Antinarcóticos, los Choneros tienen presencia en Pichincha, Cotopaxi, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Azuay y Loja.

‘Chonekiller’

Los miembros de la organización utilizan como identidad los dedos cruzados, lo que para ellos significa que el mayor protege al menor o el fuerte protege al débil, además de la bandera de Puerto Rico, que significa el país de origen de su máximo líder Carlos alias ‘La sombra’.

En la actualidad tiene un brazo armado que se dedica a vigilar su territorio y ejecutar muertes selectivas a quienes vayan en contra de sus códigos, cuentan con sus propios armeros para el mantenimiento de las armas de fuego y entre sus códigos está ayudar económicamente cuando uno de sus miembros es detenido para pagar los honorarios de la defensa. La emancipación de los Choneros en 2020, llevó a escalar su posición de una organización local a una especializada en brindar servicio logístico a los grupos organizados transnacionales del narcotráfico.

Los Lobos

Esta organización originaria de la subzona Azuay, nace en 2019 bajo el liderazgo de Chavarría W. G alias ‘Pipo’ o ‘Tuerto’, quien llega a ser parte de los Choneros cuando permanecía recluido en la cárcel El Turi. Tras obtener su prelibertad en 2019, se radica en Santo Domingo de los Tsáchilas donde se une al clan familiar Franco Cedeño para coordinar sus actividades ilícitas.

La banda inicia sus actividades ilícitas con robos y extorsiones. Después de las masacres perpetradas en las cárceles entre 2021 y 2022, el Estado dispone separar a los miembros de esta organización y trasladarlos a diferentes recintos del país, según el informe policial. (SC)

Denuncia de Francisco Huerta

Francisco Huerta Montalvo, que integró la Comisión de Transparencia y Verdad que investigó el ataque en el campamento de Angostura (Sucumbíos) ocurrido en 2008, denunció la infiltración del narcotráfico en las fuerzas del orden. La Comisión fue creada por el entonces presidente Rafael Correa. Casi un año después de haber integrado aquella comisión, Huerta señaló que el Ecuador corría el riesgo de convertirse en una narcodemocracia porque habrían detectado que había cierta incursión del narcotráfico en las instituciones del Estado.