El Ejecutivo conservador-ecologista austríaco justificó el jueves la medida como la única opción para proteger a la sociedad yevitar continuos confinamientos contra la pandemia. El ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein, explicó que, una vez pasado el periodo de revisión legal de cuatro semanas, el plan es debatir y aprobar la ley en el Parlamento para que entre en vigor a principios de febrero.
Cada tres meses se establecerán citas de vacunación a las que estarán convocados todos los ciudadanos no vacunados. Aquellos que no lo hagan, tendrán que pagar una multa de 600 euros (unos 680 dólares). De negarse, se iniciaría un proceso que puede terminar con una sanción de hasta 3.600 euros (4.067 dólares), aunque el importe se ajustará al nivel de ingresos de la persona afectada.
El ministro reconoció que, cuando asumió el cargo el pasado abril, no pensó que sería necesario imponer la vacunación obligatoria, porque habría suficiente gente que decidiría inmunizarse. Sin embargo, la actual tasa de vacunación completa -inferior al 68 por ciento de la población- “no es suficiente” para proteger a la sociedad contra la enfermedad provocada por el coronavirus, agregó el ministro.
Oposición de los ultranacionalistas del FPÖ
De la obligación quedarán exentas las embarazadas, aunque el ministro recomendó que se vacunen, y quienes no puedan hacerlo por motivos de salud, previa certificación por un médico. Al respecto, el ministro advirtió que los facultativos que emitan certificados falsos también podrán ser sancionados con hasta 3.600 euros. En principio, la ley estará en vigor hasta enero del 2024. “No se puede ir de confinamiento en confinamiento. Necesitamos la solidaridad de todo el mundo para poder enfrentar este enorme desafío”, declaró la ministra para la Constitución, la conservadora Karoline Edtstadler. Aseguró que esta medida es “el último recurso” y algo que nadie quería tener que aplicar pero también “el único camino” para asegurar la libertad que reclaman, justamente, quienes se oponen a la vacuna.
La medida cuenta también con el apoyo de la oposición socialdemócrata y liberal, y con la oposición de los ultranacionalistas del FPÖ. Los cuatro partidos que apoyan esta ley tienen 151 de los 183 escaños en el Parlamento. El FPÖ, por su parte, denuncia la medida como dictatorial. Esta formación ha llegado a recomendar el uso de productos para desparasitar caballos o el ibuprofeno como remedios efectivos contra el COVID-19. Los detalles de la ley de vacunación obligatoria contra la covid-19 se anuncian en la recta final del actual confinamiento que terminará el próximo sábado, 11 de diciembre de 2021, a la medianoche.
