La propuesta reduce los tiempos de procesamiento de los delitos de extinción de dominio. El debate se centra sobre la necesidad o no de tener sentencia ejecutoriada.
El 8 de febrero de este año, en segundo debate del pleno de la Asamblea Nacional se discutió la Ley de Combate a la Corrupción y Ahorro de Recursos Económicos, cuyo objetivo es reformar específicamente las normas de decomiso de bienes.
El informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico contó con el apoyo de ocho de sus integrantes. En tanto que, Jorge Álvarez, del Partido Social Cristiano (PSC) votó en contra por no coincidir con algunas reformas incluidas.
Las disposiciones en discusión tienen como objetivo acortar el tiempo de procesamiento de los delitos de lavado de dinero en diversas circunstancias, como el control de activos, la notificación del inicio de una investigación y los plazos de audiencia.
Además, el Legislativo decidirá si para aplicar la extinción de dominio se requiere o no sentencia ejecutoriada.
Sobre esto, lo aprobado por la mesa legislativa señala que la extinción del bien será declarada tras sentencia motivada de juez competente. El proceso estará sujeto al derecho al debido proceso de las partes procesales, dice.
Hay tres excepciones:
- Cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
- Cuando se trate de bienes o activos injustificados. Cuando se trate de delitos flagrantes, respecto de los bienes o activos, cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados.
Se prevé que la aprobación de esta norma, la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, sea aprobada sin contratiempos.
