El mensaje que llegó al celular de una jueza decía: “Te tenemos vigilada y tenemos en la mira a tu hijo”. Otro texto decía: “Ábrete a nuestros casos o te haremos picadillo”. Las intimidaciones comenzaron en octubre del 2021. Expresan una sensación de frío recorrió su cuerpo cuando recibió amenazas de muerte por WhatsApp.
Tras lo ocurrido, la magistrada reforzó la seguridad de su domicilio e instaló cámaras de vigilancia. Desde entonces evita salir a lugares públicos y dejó de asistir a eventos sociales, pues teme por su integridad y la de su familia.
Esta funcionaria judicial no es la única que ha sido amenazada por su trabajo. Magistrados, fiscales, defensores y otros funcionarios judiciales son blancos de intimidaciones por parte de involucrados en procesos judiciales o por miembros de bandas delictivas.
Por ejemplo, este 2022, un fiscal de Naranjal recibió en la puerta de su casa un ramo de flores con un mensaje. En ese texto le exigían que se apartara de la investigación de un caso de delincuencia organizada o “de lo contrario recibiría las consecuencias”.
Las cifras
Datos del Consejo de la Judicatura (CJ) indican que en tres años y medio, 43 jueces, secretarios, ayudantes judiciales han sido amenazados y solicitaron protección policial. Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos son las provincias con mayor número de casos.
Esos pedidos fueron enviados a la Dirección General del CJ y luego se remitieron a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. En lo que va de 2022 se han registrado 10 solicitudes.
El número de fiscales intimidados es incluso mayor. Solo la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas ha registrado 10 amenazas este año.
Ciertas veces, las amenazas se materializan. Hay casos de funcionarios judiciales que han sido víctimas de asesinatos o ataques. Eso le ocurrió el pasado 25 de mayo a una fiscal de Manabí.
Según las investigaciones, ella fue acribillada mientras iba en su vehículo por Manta. Su acompañante, un abogado, también fue asesinado.
Seis días después ocurrió un ataque armado en la Unidad Judicial del cantón Puebloviejo, en Los Ríos. Sospechosos dispararon contra la oficina de uno de los jueces que labora en esa dependencia.
Según las investigaciones, ya había recibido amenazas. En el ataque no resultó herido porque no se encontraba en su despacho.
Los afectados
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces indicó que existe una profunda preocupación ante esos actos de violencia. Según ese organismo, ese tipo de amedrentamientos buscan influir en las decisiones de los jueces.
La Asociación pide más protección y advierte que de “llegarse a dar agresiones en contra de funcionarios será responsabilidad de las autoridades encargadas brindar seguridad”.
Jueces y fiscales aseguran que se sienten vulnerables al ejercer sus cargos. Hay funcionarios que reclaman que les han quitado la vigilancia o les redujeron el resguardo.
De hecho, el 27 de mayo de este año, la fiscal general, Diana Salazar, declaró en emergencia al Sistema de Protecciòn a Víctimas y Testigos. La disminución presupuestaria ha afectado a las personas que están bajo este programa, entre ellos jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.
Salazar reveló que solo cuenta con 119 agentes a escala nacional para proteger a 1 100 personas en riesgo. Esto provoca que la protección que se brinda “no sea óptima”, pues no se logra asignar la cantidad suficiente de resguardo policial a cada caso.
Este Diario conoció el caso de una magistrada de Pichincha a la que se le retiró la protección policial hace dos meses. Entre los expedientes que maneja está el caso Isspol y otros dos por presunta corrupción de un exalcalde de Quito.
Ella cuenta que, a pesar de haber recibido amenazas de muerte, la Policía retiró al agente de custodia. Le enviaron un informe que explicaba que le quitaron la seguridad porque el riesgo había bajado, pero ella sostiene que el nivel de riesgo aumentó.
Protección
Los funcionarios judiciales amenazados deben remitir una solicitud de protección a la autoridad de la institución de la Función Judicial a la que pertenecen.
También deben llenar un formulario donde detallen cómo se perpetró la intimidación y enviarlo por correo a la Judicatura.
La solicitud de protección debe estar dirigida a la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Tras recibir el pedido, esa entidad remite el oficio al Ministerio del Interior.
A través de la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional se realiza el análisis de riesgo y se otorga la protección requerida.
La Judicatura indicó que Inteligencia policial retira o reduce la protección cuando determina que el nivel de riesgo disminuyó. El funcionario puede volver a solicitar resguardo.
